Mensaje Político
Alejandro Lelo de Larrea
Empezando por su presidenta e instigadora, Patricia Avendaño, los siete integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) tienen los días contados para elegir: acatar al pie de la letra el mandato del Congreso de la Ciudad de México aprobado este martes o enfrentar denuncias penales por peculado, delito que el Código Penal del DF contempla una sanción de entre 2 y 14 años de prisión e inhabilitación de hasta 20 años para ocupar cualquier cargo público.
Este miércoles, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso CDMX ordenó al IECM reintegrar en su totalidad a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (SAFCDMX) de la capital, los 40 millones 072 mil 120.08 pesos de prerrogativas del PRD Ciudad de México, correspondientes al 2025, más los intereses que se hayan generado en hasta 18 meses.
En la realpolitik, Avendaño tiene que hablar con la triada maldita de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como con el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, y con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para informarles que dejen de frotarse las manos porque va a tener que devolver las entradas. Esto va a generar pleitos entre ellos. Una frase que solía pronunciar el presidente Andrés Manuel López Obrador: “Cuando se reparte mal el botín, hay motín”. Y peor si no hay botín.
El IECM no puede desatender ese mandato del Congreso CDMX, debido a que tiene la atribución exclusiva en materia presupuestaria, desde su análisis, discusión, aprobación, modificación, y posteriormente la vigilancia de su ejercicio, al estar por encima de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
El IECM tampoco puede negarse a acatar la instrucción del Congreso con el falaz argumento de no injerencia en los partidos políticos. En este caso no se trata de eso, sino de la vigilancia y buen ejercicio de los recursos públicos, que ninguno de los consejeros del IECM puede discrecionalmente desviar o “resguardar” de manera indefinida.
La Ley es muy clara y no permite discrecionalidad: el dinero público que no haya sido devengado en el año fiscal para el que fueron presupuestados deberá reintegrarse a la SAFCDMX. En este caso, los recursos para los partidos políticos tienen un propósito establecido, etiquetados para un ejercicio fiscal determinado y sujetos a principios constitucionales como la anualidad presupuestal, disciplina financiera y rendición de cuentas.
Si los consejeros del IECM no acatan ninguno de estos preceptos, podrían incurrir en delitos, porque están reteniendo indefinidamente y de manera discrecional dinero público que debieron haber devuelto a la SAF desde los primeros días de este 2026, hace ya más de seis meses. O sea, están en flagrancia.
De acuerdo con una proyección financiera, una inversión en CETES de los poco más de 40 millones que le tocaron al PRD CDMX en 2025, habría arrojado entre 3.1 y 3.3 millones de pesos en rendimientos brutos, pensando en inversiones en plazos de 28 días, pues la tasa de interés promedio ese año fue de 7.15%. En total, el IECM debería tener en resguardo alrededor de 43.2 millones de pesos.
La duda es si Patricia Avendaño está reteniendo esos recursos en espera de que haya un espacio legal para entregarlos al grupito al que ha ayudado para quedarse con el PRD Ciudad de México, el que encabeza Víctor Hugo Lobo Román, quien quiere colocar como presidente del partido a su hijo Alan Lobo Rodríguez. En el mismo barco van la triada maldita y Mario Delgado.
El Consejo General del IECM tiene que acatar de inmediato el ordenamiento del Congreso CDMX y devolver lo que está reteniendo contra la ley. Sólo les darán de gracia unos cuantos días. Lo que sigue es que el mismo Congreso apruebe la presentación de una denuncia penal, darle vista al Instituto Nacional Electoral de la presunta ilegalidad de los consejeros, y también pedirle a la Auditoría Superior de la Ciudad de México que investigue y sancione.
Lo veremos.
