Ahora más que nunca, en el Foro Independiente de la República se produce una enorme melancolía dado el recuerdo no cumplido de viejas aspiraciones insertas en la letra y espíritu de nuestra Constitución, la cuál en su momento refirió que la acción gubernamental en materia de justicia, debe ser sujeta a los recintos propios para su aplicación. Cuando no existe ello nace una negación del Pacto Federal.
Cualquier juez por iletrado que sea sabe por experiencia que cuando el poder ejecutivo ordena a los órganos jurisdiccionales, por unas u otras circunstancias, ese mandato resulta molesto e inconveniente, a las acciones que debe de realizar la justicia y ello por consecuencia no va a dar un resultado satisfactorio. Normalmente lo antepuesto es un anticipo para pisotear la Constitución.
Nuestros señores jueces y magistrados no tienen ni cuentan con la obligación de sacrificar sus convicciones éticas e ideológicas, que forman parte de su propia dignidad profesional, para inclinarse ante mandatos inconducentes y provenientes del poder ejecutivo. Su deber legal choca frontalmente con aquellas ordenes improcedentes. La ética y la conciencia personal de las togas de impartición de justicia deben saber que a la ley no se le atenta, ya que ello resulta vejatorio a la Carta de Carranza.
Pese al escándalo legal provocado por múltiples ocurrencias provenientes de la cercanía del Templo Mayor, por desgracia hemos percibido la indignidad de muchos jueces sumisos que con esa actitud incitan irreverentemente a desobedecer la ley. Entre los disparates jurídicos que el Foro Independiente de la República percibe se destaca aquella consulta popular para aplicar la ley, lo cuál avalan una que otra toga de indignidad.
Algunos iletrados y no jurisconsultos piensan que la “consulta” es el ejercicio de un derecho, otros sabemos que es una ocurrencia completa que raya en un error.
Consideremos más:
Como se ve, la abogacía independiente de la República considera a la “consulta” un disparate jurídico, incluso un escándalo ético y político, la famosa y ya muy referida “consulta”, es sin duda el efecto más indeseable de la triste conjunción entre un mandato improcedente y una sumisión indigna. Es la complicidad de un gobierno con un poder judicial sumiso e indigno.
Cabe destacar como dato muy significativo que la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., mostramos un total desacuerdo con la impúdica consulta. La ley no debe de ceder ante pretensiones ocurrentes del Estado. El deber de los abogados es defender a México.
Así lo sabemos y así lo entendemos.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.
