Congruente con la anterior colaboración publicada por el presente medio de información, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, ha sostenido que la verdadera esencia de lo jurídico es lo diametralmente opuesto a lo arbitrario, lo corrupto, lo ignorante en la aplicación de la ley; de todo aquello que depende del antojo de la política, del capricho del poder económico, de aquello que rompe con el contenido de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, consecuentemente lo que fragmenta lo previsto por el Código Penal y con toda ordenación que afecte las finalidades esenciales del Derecho.
La arbitrariedad, la impunidad, el tráfico de influencias, la indebida interpretación de la norma, la corrupción, el soborno, la justicia selectiva, la falta de conocimientos jurídicos, la sumisión al criterio de superiores jerárquicos corrompidos, la falta de una justicia expedita; todo ello resultan ser los elementos objetivos que hacen romper la confianza en las instituciones de justicia y/o en aquellos ordenamientos jurídicos cuyas desviaciones dependen de los actos emitidos por el Estado, por la autoridad; todo lo expuesto arroja como consecuencia jurídica que el derecho pasa a ser de la regularidad inviolable a una aventura caprichosa corruptora, como aquella que en su momento padecieron los menores hijos del pederasta Guillermo Alejandro Sesma Suárez.
Para quienes portan togas de dignidad en la abogacía independiente de la República, es de su conocimiento, que cualquier autoridad corrupta del ámbito de justicia, carece de un poder supremo, no cuentan con el legibus solutus; tanto para quien fuera el Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, como para el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la propia Entidad Federativa, no les es, ni les fue, ni legítimo, ni permisible actuar supra ius, et contra ius, et extra ius; las autoridades corruptas y corruptoras de la ley que actuaron en el caso de la sra. Regina Seeman Audiffred, deberían de haber cumplido con el derecho que juraron proteger y resulta ser el caso que trastocaron ese derecho para cumplir con la voluntad del diputado Jesús Sesma Suárez.
Como se sabe, Emer de Vattel, jurista de prosapia, en cuya obra El Derecho de Gentes y Principios de la Ley aplicados a la conducta de las autoridades soberanas, en el siglo XVIII expresó: “desde el momento en que el actuar de la autoridad se aparta de las leyes, sus mandatos no efectúan más que un absurdo criminal del poder que se les ha confiado. En tanto las leyes existen y subsisten, la autoridad debe aplicarlas honestamente”.
Ni Ulises Lara López, ni Rafael Guerra Álvarez, actuaron con probidad intelectual, su actuación fue dirigida a brindar impunidad a un pederasta.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
