Este martes, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se vio envuelta en un escándalo tras la filtración de 960 carpetas de investigación que contienen información altamente confidencial.
Este grave incidente se atribuye a un supuesto acto de «traición» por parte de un funcionario clave dentro de la institución, quien habría facilitado el acceso a un grupo de hackers motivado por una posible venganza.
Detalles del hackeo
El periodista especializado en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor reveló que el acceso a esta información se produjo debido a que el funcionario, identificado como Paúl Cortez Suárez, contactó a los hackers en febrero de 2024.
Según Gómez, el objetivo era obtener datos sensibles para protegerse ante posibles represalias de sus superiores. “Terminó traicionándome para intentar salvar su carrera”, declaró el hacker apodado Scorpion, quien confirmó su participación en el ataque.
El plan del hacker incluía la instalación de una Raspberry Pi en las instalaciones de la fiscalía para infiltrarse en la red interna y extraer información confidencial. Además, Scorpion mencionó que Cortez había ordenado detener a varios empleados del departamento de tecnología y estaba preparando una carpeta de investigación falsa contra un trabajador inocente.
Contenido filtrado y sus implicaciones
Las carpetas filtradas pesan aproximadamente 14.7 gigabytes e incluyen cerca de 13,000 archivos, que abarcan desde fotos de cadáveres hasta evidencias forenses y datos sobre investigaciones activas. La exposición de esta información pone en riesgo múltiples casos judiciales y podría comprometer la privacidad de las víctimas y testigos involucrados.
Análisis preliminares sugieren que este hackeo podría tener consecuencias devastadoras para el sistema judicial en Nuevo León, ya que los datos comprometidos afectan no solo a investigaciones actuales, sino también a procesos judiciales futuros.
Reacciones y preocupaciones
La noticia ha generado gran preocupación entre los ciudadanos y expertos en seguridad, quienes cuestionan la capacidad de la fiscalía para proteger información sensible. Muchos se preguntan si entre las carpetas filtradas se encuentran casos como el de Debanhi Escobar, cuya investigación ha sido objeto de controversia.
Además, la falta de medidas adecuadas de seguridad ha sido criticada, ya que se señala que la red interna carecía de segmentación y protección básica, lo que facilitó el acceso no autorizado.
Consecuencias para Paúl Cortez Suárez
El caso del funcionario Cortez no es nuevo; ya había sido señalado por irregularidades en el pasado. En 2018, recibió más de 9 millones de pesos por un software sin licitación pública durante su tiempo en Quintana Roo. Este historial plantea serias dudas sobre su integridad y capacidad para desempeñar su cargo actual.
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