El activismo ambiental ha sido, durante décadas, una de las expresiones más legítimas y urgentes de la participación ciudadana. La protección de los recursos naturales, la defensa del entorno y la exigencia de políticas sustentables han movilizado a comunidades enteras en torno a un propósito común: cuidar el territorio que habitan. Sin embargo, no todas las banderas que ondean en nombre del medio ambiente mantienen hoy su compromiso original.
En distintos puntos del Valle de México, particularmente en zonas como Naucalpan y Atizapán, comienza a visibilizarse un fenómeno preocupante: el secuestro de causas ambientales por parte de actores que han desviado el propósito de organizaciones originalmente ciudadanas. Esta dinámica, conocida como captura de causa o cause hijacking, consiste en la apropiación de movimientos legítimos por individuos o grupos que los utilizan como plataforma para fines políticos, económicos o de posicionamiento personal.
Estas organizaciones, muchas de ellas con una trayectoria reconocida, surgieron con la intención de preservar ecosistemas locales, denunciar malas prácticas ambientales y promover la educación ecológica. Sin embargo, con el paso del tiempo, han experimentado un cambio silencioso pero profundo: figuras externas, sin arraigo comunitario ni trayectoria ambiental, comenzaron a integrarse a sus estructuras, a influir en sus decisiones y, finalmente, a asumir el control de sus agendas.
El resultado ha sido la transformación del discurso. Donde antes se hablaba de educación ambiental, hoy se habla de litigios. Donde antes se buscaba construir soluciones colectivas, hoy se imponen posiciones rígidas, muchas veces impulsadas desde el interés particular. Las acciones ya no responden al bienestar del entorno, sino a la conveniencia estratégica de quienes dirigen las organizaciones. Se mantiene el lenguaje ecológico, pero el contenido ha cambiado.
Lo más grave es que esta captura ocurre muchas veces con total discreción. Las organizaciones continúan presentándose como entidades sin fines de lucro, con vocación ambientalista, pero en la práctica operan como estructuras cerradas, alineadas a intereses que poco o nada tienen que ver con el medio ambiente. Se capitaliza la legitimidad construida durante años para emprender acciones que responden a agendas personales o políticas.
Esta situación no solo pone en riesgo el prestigio de organizaciones que fueron valiosas para sus comunidades, sino que debilita la confianza ciudadana en los movimientos ambientales. Cuando la causa ya no es la causa, cuando el nombre de una organización se utiliza para otros fines, la participación se contamina, la ciudadanía se desmoviliza y el debate se vuelve más turbio.
Hoy más que nunca, es necesario revisar quiénes están al frente de estas organizaciones, cuáles son sus trayectorias, qué intereses representan y a qué resultados están contribuyendo. La causa ambiental no puede ser rehén de intereses privados ni plataforma de proyección política.
Porque cuando se captura una causa, no solo se desvirtúa un movimiento: se traiciona a la comunidad que creyó en él.
