MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La frase atribuida a Napoleón Bonaparte “Si quieres que algo sea hecho nombra un responsable, si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión”, en México ha sido aplicada puntualmente desde aquellos días del echeverrismo que se alzó justiciero y rompió con el diazordacismo, al que responsabilizó de todos los males que aquejaban al país, en especial la herencia de crímenes y latrocinios.
Luis Echeverría Álvarez desplegó todo un proceso para alzarse salvador de la patria –¡Arriba y adelante!– que entrañó la pauta de amnistiar a quienes participaron en el movimiento estudiantil y llevar supuestas garantías de justicia a médicos, trabajadores ferrocarrileros, campesinos, que fueron perseguidos y reprimidos durante la gestión de Gustavo Díaz Ordaz, aunque esa mecánica de acallar protestas databa desde los días en que el país concluía la etapa armada e ingresaba en escenarios de la lucha por el poder.
Y si Díaz Ordaz desde la máxima tribuna política de la nación, es decir, el Congreso de la Unión asumió toda la responsabilidad por los hechos del 2 de octubre de 1968, Luis Echeverría fue un puntual justiciero que hizo propia la segunda parte de la máxima de Napoleón Bonaparte: “(…) si quieres que algo se demore eternamente nombra una comisión”.
En efecto, en cada punto que tocaba en esas giras de variado color populista, Echeverría Álvarez ordenaba crear fondos, comisiones para investigar denuncias y prometer justicia. Así, a demandas de indígenas y campesinos la respuesta fue la creación de, por ejemplo, Productos Forestales de la Tarahumara (Profortarah), dizque para hacer justicia a los rarámuris cuyos bosques eran arrasados por talamontes.
O el Fondo Nacional de Fomento Ejidal creado en 1971 y luego convertido en Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) en junio de 1976, vísperas de que José López Portillo relevara en la Presidencia a Luis Echeverría Álvarez, para hacer justicia a ejidatarios y proteger la propiedad otorgada desde aquellos días de la accidentada administración de Venustiano Carranza.
Y con López Portillo, de cuya gestión abrevó el licenciado López Obrador, cuando buscaba ser dirigente del PRI en aquellos días de enero de 1977, cuando se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), cuya encomienda era… “articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr una participación más equitativa de la riqueza nacional”. ¿Le suena conocida la oferta?
Bueno, bueno. Vale la pena retomar la referencia de que el primer director de la COPLAMAR fue el hoy director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Ignacio Ovalle Fernández, quien fue embajador en Argentina y Cuba en el gobierno de Miguel de la Madrid, amén de director de la Conasupo, cargo en el que lo nombró Carlos Salinas de Gortari.
En esos organismos, un factor común fue la corrupción. Lo mismo en Profortarah que en el Fifonafe y la Coplamar con acentuada referencia en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) que sirvió para acusar a Raúl Salinas de Gortari de transar compra de leche en mal estado; el director general era Ignacio Ovalle Fernández quien compareció como testigo de cargo contra Raúl Salinas. ¿Justicia a modo?
Sí, corrupción, sí, impunidad. Justicia selectiva para el cobro de facturas en las administraciones que el licenciado López Obrador acusa neoliberales, aunque pone a salvo a Luis Echeverría y nada atribuye a su amigo y protector Ignacio Ovalle Fernández, quien recientemente estuvo a punto de renunciar al organismo que tiene mucha similitud con el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) creado en la administración lópezportillista y que estuvo inmerso, amén del fracaso para garantizar la independencia alimentaria del país, en acusaciones de corrupción.
Y el combate a la corrupción ha sido la bandera de Andrés Manuel López Obrador, como lo fue en otras administraciones, como en la de Miguel de la Madrid –cuyo lema de campaña fue la “renovación moral de la sociedad”—comprometida con el combate contra la corrupción al grado de crear la Secretaría de la Contraloría General de la Federación que devino en la Secretaría de la Función Pública, un ente con mucho ruido y pocas nueces.
¿Qué ha ocurrido? Unos cuantos pillos han ido a prisión, funcionarios de medio pelo y algunos políticos de nivel que fueron chivos expiatorios en el cobro de facturas políticas, como el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano que fue desaforado como senador y encarcelado en la naciente gestión de Miguel de la Madrid.
Y, bueno, resulta que el licenciado López Obrador ha procedido en similares términos de sus odiados antecesores de la época neoliberal. Porque, Emilio Lozoya Austin ha resultado un chivato cuyas declaraciones han servido más para avivar la hoguera justiciera sin delincuente de cuello blanco alguno quemado en la Plaza Mayor.
Desde su toma de posesión ha blofeado. Acusó que en el proyecto del aeropuerto internacional de Texcoco había corrupción e incluso aseguró que en los terrenos que quedarían del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se construiría un gigantesco desarrollo mobiliario y comercial en el que estaban involucrados políticos y empresarios.
¿Qué ocurrió en materia de justicia? Nada, absolutamente nada. Se canceló el proyecto de Texcoco y se indemnizó a empresarios que habían invertido en la obra. Y nadie fue a prisión, nadie. Además, le echó una palada de olvido al tema del enorme mall y el desarrollo tipo Santa Fe.
Y no es aventurado garantizar que la oferta de que se procederá contra quienes se beneficiaron de la corrupción en los 109 fideicomisos que han pasado a mejor vida una vez que la mayoría senatorial voto por su extinción.
En la conferencia mañanera del miércoles 21 de octubre, el licenciado López Obrador anunció el enésimo acto justiciero. Lea usted:
“(…) En este último caso, el de los fideicomisos, esto es apenas el prólogo, la introducción, vamos a profundizar, porque es una muestra de la corrupción que imperó durante mucho tiempo y esto explica el porqué de este movimiento en contra de la decisión que tomamos de cancelar los fideicomisos y los fondos.
“Quiero dejar de manifiesto que no es algo sorpresivo, lo ofrecimos en campaña, bueno, en el marco de acabar con la corrupción, que es el principal problema de México, la peste funesta que más ha dañado a México, la corrupción.
Bueno, en ese marco hablamos de cancelar estos fideicomisos y estos fondos para utilizar los recursos, el dinero, en beneficio del pueblo, porque todo esto no llegaba a la gente, no les llegaba a campesinos ni a indígenas, ni a obreros ni a integrantes de clases medias, todo esto se quedaba arriba, en beneficio de unos cuantos, de verdaderas mafias.
“Por eso, cuando tomé posesión, el día 1º de diciembre de 2018 aquí en el Zócalo di a conocer 100 compromisos y uno de esos compromisos fue precisamente el de eliminar estas lacras, estos fideicomisos y utilizar ese dinero en beneficio del pueblo de México, y eso es lo que estamos haciendo (…)”.
Adelantó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal iniciará una amplia auditoría financiera, administrativa y técnica de los fondos y fideicomisos. Y ofreció: “vamos a procurar tener toda esta información a más tardar en tres meses y vamos a estar informando a los mexicanos caso por caso (…) y de hallar evidencias de corrupción y mal manejo de recursos se presentarán denuncias penales en la Fiscalía General de la República”.
¡Excelente! Justicia, justicia claman las masas. A prisión los corruptos de ayer y de antier. ¿Y qué con los de hoy? Y qué con Pío López Obrador y David León, John Ackerman y la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros y Manuel Bartlett Díaz y su hijo y Zoé Robledo y…
El licenciado presidente hizo eco de la frase de Napoleón Bonaparte y creo una comisión en la que nombró, entre otros, a José Antonio Álvarez Lima como parte de un equipo que se presume experto en actos de corrupción. Andrés Manuel, impunidad es corrupción. Digo.
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