De políticos… ¡a extorsionadores!

En el mundo de la política, algunos personajes sacan provecho de su posición para realizar extorsiones y otros delitos. Debido a que ya tienen un “nombre”, estos se sienten intocables, por lo que demostrar su culpabilidad tiende a ser complicado y pueden hacer y deshacer al por mayor.

A pesar de ello, hay algunas personalidades que quedan exhibidas, debido a las acusaciones que la sociedad civil realiza o a las investigaciones de las instituciones federales o estatales, ya que a estos “políticos” extorsionadores lo único que les importa es llenar sus arcas de dinero e impedir el desarrollo social.

En las últimas semanas, la Fiscalía del Estado de Jalisco ha abierto 17 carpetas de investigación contra un red de extorsionadores en la cual se ven involucrados ex funcionarios estatales, notarios, jueces, magistrados, litigantes y organizaciones civiles.

De esta red, destacan los nombres de Salvador Cosío Gaona, ex priista, y Alejandro Cárdenas Ochoa, ex candidato por el Partido Verde Ecologista de México, quienes han despojado de su patrimonio a residentes en Jalisco.

Cosío y Cárdenas han sido acusados directamente por Francisco Cornejo, uno de los propietarios de la Villa Panamericana, por los delitos de extorsión y fraude. Según Cornejo, ambos le han enviado mensajes de texto, en los que exige un pago de 40 millones de pesos a cambio de darle facilidades para que desarrolle un conjunto habitacional.

José René Rivas Valladares se suma a la lista de ‘políticos’ chantajistas, pues como ‘asesor’ del Congreso de la Ciudad de México se dedicó a extorsionar a empresarios para evitar desarrollos inmobiliarios.

En los últimos dos años, Rivas Valladares se interpuso en las reconstrucciones de edificios dañados por los sismos del S-19, justificando falta de interés por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, su intención fue aprovechar este hecho con tintes políticos.

Pero también el pasado de Rivas Valladares lo condena, pues fue miembro del Consejo General de Huelga de la UNAM en el año 2000, en una de las peores crisis de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Rivas Valladares igualmente fue parte de los estudiantes que tomaron por meses las instalaciones de la máxima casa de estudios y dejaron sin clases a miles de estudiantes, por lo que incluso fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de despojo.

Hoy en día, como asesor jurídico de la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco, su “modus vivendi” consiste en azuzar vecinos de dicho lugar (aún cuando no reside en las zonas de conflicto) en favor de sus intereses, para crear problemas y poder extorsionar así a empresarios y hasta a las mismas autoridades.

El resultado de las acciones que impunemente realizan estos “políticos”, afecta directamente al desarrollo del país y pone en riesgo la estabilidad económica de miles de familias de empleados que se ven afectadas por los conflictos y parálisis generados deliberadamente para obtener beneficios personales.