Astrolabio Político
Por: Luis Ramírez Baqueiro
“¿Qué importa saber qué es una línea recta, si no se sabe lo que es rectitud?” – Séneca.
Una vez más Veracruz vive un nuevo capítulo controversial respecto a su relación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y sus determinaciones, algo que ya se ha venido convirtiendo en una costumbre para los integrantes de la Administración Estatal.
Desde la llegada de Cuitláhuac García Jiménez, al poder, la constante de reveses que el Congreso de Veracruz ha acumulado a propuestas e iniciativas del Ejecutivo han sido de larga data.
Se recuerda por ejemplo la que tuvo que ver con el delito de ultrajes a la autoridad, misma que tardó ocho meses en ser publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Desde el 28 de febrero de 2022 los ministros de la SCJN declararon inconstitucional dicho delito, pero fue hasta este jueves 27 de octubre del año pasado cuando la resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.
Dicha acción se realizó a través de la gaceta con folio 1270, Número Extraordinario Volumen III, titulada “Acción de inconstitucionalidad número 59/2021 y su acumulada 66/2021, promovida por diversos diputados integrantes de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz y la Comisión Estatal de Derechos humanos de Veracruz”.
Dicha medida habría permitido al Estado, poder deshacerse de todos sus opositores políticos, encarcelándolos por el absurdo delito, con el que se construyeron cientos de carpetas de investigación para sancionar a cuanto ciudadano de bien, le estorba al Gobierno del Estado.
A esa acción habremos de sumar y recordar, la negativa del Ejecutivo a querer a acatar un fallo de la SCJN que obligaba a la Administración Estatal a liquidar los adeudos con los municipios veracruzanos respecto al pago de diversas participaciones federales que se adeudaba desde los tiempos del hoy reo Javier Duarte de Ochoa, mismo que para el 19 de julio de 2019, ponía en serio predicamento a la autoridad estatal.
Finalmente, los pagos se realizaron y la controversia generada por el desacato quedó olvidada, acumulándose a la lista de insolencias que carga el gobierno cuitlahuista.
Ahora el Gobierno Estatal blindo las instalaciones del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), el cual debería volver a operar por sentencia de la propia SCJN, a lo que el Congreso afirma que la medida no puede ser reconocida por tratarse de un asunto consumado.
Nuevamente el desacato se vuelve hacer presente, como sello de la 4T.
Una vez más el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debe hacerse de los buenos oficios del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín para salir al paso, y dar una explicación a la negativa en la ejecución de la sentencia.
“La extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) es un hecho consumado y constitucional, por lo que sólo queda pendiente la liquidación de los ex magistrados, de quienes sólo uno, procedente del yunismo, no ha aceptado el hecho; del resto, incluso una presentó su renuncia”, afirmó el diputado local.
El líder de la Jucopo puntualizó que las medidas cautelares emitidas por la SCJN no pueden acatarse, porque corresponden a un hecho consumado, por lo que esta situación prevalecerá por poco tiempo.
Recordó que el pasado 24 de octubre, con 42 votos, el Pleno del Congreso local aprobó la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), en tanto que el pasado 13 de diciembre los cabildos veracruzanos se manifestaron a favor de dicho dictamen, con lo que se dio paso formal a la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).
A ello habrá que añadir que al menos una de las anteriores magistradas ha enviado su carta de renuncia al TEJAV, evidenciando con ello que la determinación del acto es legal y consumado.
La pregunta a todo ello sería cuestionarnos, ¿Porqué al Gobierno de Veracruz le gusta caminar por la delgada hoja de la navaja jurídica, exponiéndose a la probabilidad de incumplir con una sentencia de la Corte, que materialmente los pondría en la antesala de un delito que podría costarles la misma gubernatura y sus cargos como legisladores?
Usted como siempre tiene la mejor opinión.
Al tiempo.
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