El llamado “Derecho de Gracia” que la Cuarta Transformación de la República pretende conceder a la delincuencia que dio origen a la narcopolítica del neoliberalismo, rememora los tiempos en que el soberano absoluto era el máximo gobernante, la máxima autoridad de todo y de nada, el máximo legislador de leyes a su modo y el máximo juez de la justicia que le favorecía.
En aquellas pasadas épocas, el ejercicio de la acción penal, el castigo a la delincuencia y la investigación de las atrocidades cometidas por las autoridades, así como el perdón, la complacencia, la complicidad eran exclusivamente atributos del Rey, quien podía de manera libre y a capricho ejercerlos para fines políticos o de festejo para cierto sector de ignorancia. Cicerón lo dijo muy claro “Es cometer una injusticia el no castigar el delito”. INURIA EST OMNE QUOD NOT IURE FIT.
En nuestro derecho penal nacional, resulta verdaderamente irrazonable que en ésta época política persista la permanencia del anacronismo marcado en las líneas antepuestas. Ello representa un insulto a México, una fatal agresión a nuestro Pacto Federal, un verdadero y mortal atentado contra el principio de separación de poderes en cuanto a la intromisión del Poder Ejecutivo o la invasión del mismo en los poderes Judicial y Legislativo, no en vano etimológicamente significa .
Es una muy triste realidad para nuestro México y nuestra Democracia, ver actuar a un Poder Ejecutivo suplantando y ordenando a nuestro Poder Judicial, cuya actuación queda sumisa al mandato del susodicho poder. Es absurdo e inoperante que la Fiscalía General de la República no indague la narcopolítica y agote todos los recursos e instancias que la ley le concede a fin de meter en prisión a cierto y conocido bribón que dio origen a tan fatal engendro. Las autoridades en nombre del Rey, se obstinan en conceder cierto “derecho de gracia” a un “desgraciado”.
Nos decían Don Fernando Castellanos Tena y Don Ricardo Franco Guzmán, en sus memorables cátedras de Derecho Penal que: “la impunidad es una forma de arbitrariedad, pues ninguna impunidad se encuentra sometida a normas jurídicas preestablecidas”. Es una que es decir un perdón otorgado, quizá, sólo quizá, otorgado gratuitamente. Actuales penalistas de mucho renombre por toda la República expresan que: muchas decisiones de impunidad significan desgraciar a nuestro derecho penal. Eso no lo vamos a permitir, ya que desgraciando a nuestro derecho se desgracia a México.
Hoy la Cuarta Transformación de la Nación y Andrés Manuel López Obrador sólo cuentan a su favor el reparar en lo posible los yerros cometidos al conceder la gracia a quien desgració la ley, pero para ello se requiere aplicar criterios de moralidad política, equidad y utilidad que no han sido tenidos en cuenta en el ayer por el neoliberalismo y en el hoy por ya saben quién.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C.