Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
“Muerto el rey, viva el rey”, dice un refrán, aplicable casi siempre en los cambios de gobierno. Incluso, en los que son de un mismo partido, como sucede en Veracruz.
Después de ponerle “estrellita” a todas sus cuentas públicas mientras estaba en el poder, la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), Delia Gonzáles Cobos, le dejó ir “la voladora” y exhibió –aunque fuera muy por encimita- al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, al admitir que en su administración se contrataron empresas “fantasma” –así como las de Javier Duarte- y que siempre no fue tan “pulcro” el desempeño de las diferentes secretarías durante el sexenio anterior.
Al comparecer ante diputados locales de la LXVII Legislatura, la auditora general del Orfis reveló lo que muchos señalaron durante años, con documentos en mano, y que durante todo el anterior gobierno fue ignorado: que hubo una corrupción galopante de la que el “honesto” Cuitláhuac “no se dio cuenta”.
A pregunta expresa del diputado Héctor Yunes –el único opositor que hace alguna clase de ruido en la LXVII Legislatura de Veracruz-, Delia Gonzáles Cobos informó que hay de 280 a casi 300 expedientes abiertos de la pasada administración que podrían acabar en denuncias penales.
“Estamos realizando aproximadamente 280, casi 300 expedientes de investigación que se inician una vez que concluye el procedimiento de fiscalización, y que el propio Congreso nos instruye para que iniciemos y le demos el seguimiento a esos presuntos daños patrimoniales” dijo la auditora.
Pero el tema más grave y que encierra el “modus operandi” de los desvíos en el sexenio de Cuitláhuac García es el de la contratación de empresas “fantasma”, esquema fraudulento que por primera vez fue reconocido por el organismo fiscalizador.
Yunes Landa planteó el caso de una compañía fantasmagórica, “Soluciones y Milagros”, instalada en una casa de una colonia popular de Xalapa, la cual se dio de alta como proveedora de ropa, pero a la que el gobierno de la “bendición” –así le decía Andrés Manuel López Obrador a Cuitláhuac- le compró desde lapiceros, folders, persianas y tóner para impresora, hasta agua purificada e incluso la consideraron como proveedora de equipo médico. Ya sabe, de esas empresas que hacen “de todo” y que aparecen de vez en vez en cada sexenio para llenar los bolsillos de “alguien”.
Además, la compañía fue creada de manera “exprés”, como una Sociedad por Acciones Simplificada, lo que permite que se constituya en 24 horas y sin necesidad de fe notarial. Y lo mejor de todo, es que el “dueño”, de nombre Mauricio Gómez Castañeda, aparece en el padrón de militantes de Morena. Hasta pareciera que fue Javier Duarte quien les pasó los “tips” para desfalcar las arcas.
Acorralada, la auditora admitió que el Orfis detectó apenas ocho compañías inexistentes a las que, en cambio, se les dieron contratos reales por más de 205 millones de pesos, que constituirían un daño patrimonial al erario del estado de Veracruz. Un robo, para decirlo en términos llanos y simples. Pero eso, en realidad, es una bicoca.
Varias investigaciones periodísticas dieron cuenta que el monto desviado en Veracruz durante el sexenio de Cuitláhuac García bajo este esquema supera los cinco mil millones de pesos, y que las empresas “fantasma” no son ocho, como asegura Delia González, sino 227. Un atraco del que tanto Rocío Nahle como Claudia Sheinbaum están perfectamente al tanto.
La gobernadora tiene el deber de actuar en contra de quienes se robaron descaradamente el dinero que debió usarse en medicinas, hospitales, carreteras, escuelas. Y la presidenta debería verdaderamente considerar remover de manera fulminante del cargo federal que le dio al responsable, por obra u omisión, de esa ratería.
¿Se atreverán a proceder contra el protegido de “ya saben quién”? ¿O aquí no aplica lo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo?
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