En medio de la creciente preocupación por la inseguridad en Culiacán, Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra en el centro de una polémica tras la revelación de que Ismael «El Mayo» Zambada habría entregado documentos a las autoridades estadounidenses que lo vinculan con el narcotráfico. Esta información fue expuesta por el periodista Raymundo Rivapalacio en su columna.
Rivapalacio detalla que dos informes de inteligencia del gobierno mexicano apuntan a la relación de Rocha Moya con el crimen organizado. Uno de estos informes sugiere que los líderes del huachicol, en complicidad con figuras de Morena, financiaron las campañas de al menos seis gobernadores, incluido Rocha Moya.
El segundo informe se refiere a la captura de Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del infame «Chapo» Guzmán, subrayando la implicación del gobernador en el asesinato del exdiputado Héctor Melesio Cuén y el encubrimiento posterior del crimen.
La columna de Rivapalacio también menciona que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre el asesinato de Cuén, pero exoneró implícitamente a Rocha Moya. Esta decisión se produjo tras una carta publicada por Zambada en redes sociales, donde señalaba al gobernador como un actor clave en las relaciones con el Cártel de Sinaloa.
La situación ha generado un clima de inestabilidad política en Sinaloa, donde la violencia ha escalado en los últimos meses. Culiacán ha sido escenario de enfrentamientos entre facciones del cártel tras la captura de «El Mayo» en julio pasado, lo que ha desatado una lucha interna por el control del territorio.
A pesar de las graves acusaciones, Rocha Moya ha minimizado la situación. En diversas ocasiones ha negado cualquier vínculo con el crimen organizado y ha calificado las acusaciones como parte de una campaña mediática para desprestigiar su administración.
Sin embargo, los informes de inteligencia han puesto en tela de juicio su integridad y han intensificado las demandas para que se investigue su papel en el narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha pronunciado al respecto, asegurando que no hay pruebas que vinculen a Rocha Moya con actividades ilícitas. Sin embargo, la presión sobre su gobierno aumenta mientras la violencia y la inestabilidad persisten en Sinaloa.
Con información de la columna de Raymundo Rivapalacio y La Otra Opinión
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