Por Aurelio Contreras Moreno
El pasado 6 de junio, la asociación civil “TOJIL Estrategia contra la Impunidad” obtuvo un amparo para ser reconocida como víctima en el caso de la ridícula sentencia por nueve años y 59 mil pesos impuesta al ex gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa en septiembre de 2018.
Esta asociación presentó una denuncia penal en contra de los funcionarios de la entonces Procuraduría General de la República que participaron en la negociación que permitió la reducción de la condena de 24 años de prisión que originalmente se pedía para el ex mandatario, al considerar que se acreditan delitos contra la administración de la justicia y cohecho.
Cabe recordar que en septiembre de 2018, la Procuraduría General de la República, a través de la fiscal Marta Estela Ramos Castillo, sin más, se desistió de la imputación por delincuencia organizada que pesaba en contra de Duarte de Ochoa. Era el único delito grave que se le achacaba en el proceso seguido a partir de las denuncias presentadas por el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Esto le permitió al ex gobernador todavía preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México acogerse a la figura del juicio abreviado que da paso a una sentencia rápida, tan solo con declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, considerados como no graves.
En su denuncia, “TOJIL Estrategia contra la Impunidad” calificó la sentencia impuesta a Duarte como “baja y desproporcionada” y señaló la comisión de probables actos de corrupción en la negociación de la PGR con Duarte de Ochoa. Corrupción que el propio ex gobernador ha admitido en varias de sus apariciones mediáticas recientes, aunque según él porque lo habrían “extorsionado” funcionarios del Ministerio Público federal. Lo que sería un hecho es que hubo dinero de por medio, del reo para la autoridad.
Para acceder al expediente y a las actuaciones ministeriales, “TOJIL” pidió ser acreditada como víctima en el proceso, lo que le fue negado en primera instancia el 20 de diciembre de 2018 por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el sobrino de la diputada federal de Morena Dolores Padierna que, a pesar del evidente conflicto de interés, lleva el caso de la ex secretaria de Desarrollo Social peñista Rosario Robles.
Ese resolutivo fue revocado el pasado 6 de junio por el juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, Juan Mateo Brieba de Castro, quien consideró que “las organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus intereses o bienes jurídicos colectivos pueden ser consideradas como víctimas del delito, como en el caso acontece con la quejosa”, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.
La Fiscalía General de la República de la actual administración federal interpuso un recurso de revisión contra la resolución del juez Brieba de Castro, y esta misma semana tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar si atrae el caso o lo deja en manos de un Tribunal Colegiado.
Aunque muy pequeña, queda todavía alguna posibilidad de que este sujeto y algunos de quienes se han dejado comprar por él no la libren tan fácil como, hasta ahora, todo apunta desde la llegada del régimen de la autocalificada “cuarta transformación”.
De lo que no hay ninguna duda es que todo aquello relacionado con Javier Duarte de Ochoa apesta a podredumbre y corrupción. Y llevará ese sino acompañándolo por siempre. Por más campañas cómplices de relaciones públicas que pague.
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