En el México actual existe un tema, que en pasadas épocas se encontraba totalmente apartado de la justicia, ese tópico ahora ha cobrado una evidente novedad. Quien esto escribe se refiere a las confrontas derivadas de la impunidad concedida a la narco delincuencia. Con gran frecuencia acontece en la política, que se pasa de un extremo a otro sin mayor trámite ni dilación. El bamboleo al que nos tienen y tenían acostumbrados los gobernantes, se inclina e inclinaba con firmeza y peso de un lado a otro: al más conveniente.
Tradicionalmente, en nuestro Derecho por décadas se encontró prohibido indagar a la delincuencia con raíces políticas. La defensa a los intereses de protegerlos se exaltaba como una gran razón de Estado.
En aquellas épocas no existía ninguna posibilidad de hacer resplandecer a la justicia, se rechazaba indagar a todo político vinculado con la delincuencia; el Estado exigía una absoluta parcialidad para investigar, conllevando a una impunidad.
La “pulcritud” de todas las autoridades y gobernantes se encontraba reverenciada, aplaudida, ejemplificada; ello impedía a las instituciones de procuración de justicia que se realizaran investigaciones formales en contra de autoridades y gobernantes coludidos con cualquier tipo de organizaciones delincuenciales.
Para la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, sería deseable que, en este segundo piso de la Cuarta Transformación de la Nación, ello se finiquitara. La infamia no tiene porqué seguir ensuciando a nuestra justicia. Esa mala forma de gobernar desagrada a la procuración e impartición de justicia. Autoridades deshonestas sirven a la delincuencia; son muchos agentes del ministerio público, fiscales y procuradores que dicen procurar justicia, pero solo favorecen y favorecieron a malos gobernantes y/o delincuentes.
La hipocresía de todos ellos es traducida a conceptos como impunidad, corrupción, desviación de la ley, emisión de ordenes inconducentes, sumisión a criterios de superiores jerárquicos deshonestos; con esos improcedentes argumentos sólo se obtuvo beneficiar a los infractores de la ley penal, a los narco-políticos, a los corruptos. Para esas indignas autoridades de procuración de justicia, fue la forma de proclamar la razón de Estado. Con esa forma de razonar solo se aplaudió a los indebidos conceptos que aplicaron.
Alguien debe de encauzar a la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para gobernar con corrección encarcelando a los narco-políticos que propiciaron con su actuar las alianzas con el narcotráfico.
La justicia lo sabe y lo sabe muy bien, durante los inicios del neoliberalismo se dio la primera liga entre la autoridad y la delincuencia dedicada al trasiego de drogas; eso por desgracia, fue el origen de lo que hoy se conoce como “narco terrorismo”. Es por ello que la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, debe poner manos a la obra, ordenando una indagatoria seria y formal para llevar al banquillo de acusados al narco político que traicionó su misión constitucional.
Es el momento para que el bamboleo de la política se incline a favor de la justicia.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México A.C
