POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
En la construcción de una estrategia, sea política, militar o empresarial, existe una serie de factores, o conjunto de factores clave que se interrelacionan, y que son las bases sobre el que toda la edificación conceptual va a girar.
En primer lugar, está el contraste entre priorizar el costo de las decisiones y ultimadamente de la estrategia, frente al riesgo que implica el inmovilismo (no decidir, o posponer indefinidamente decisiones). El segundo conjunto de factores relevantes, esta sí del estricto ámbito político, es la valoración entre el riesgo de disenso y el riesgo de rebelión. Ambos están conectados como fases de un mismo continuo político.
La dinámica de estos factores se encuentra en el centro de nuestro presente. ¿Qué factor o serie de factores están caracterizando la estrategia política de la presidenta Claudia Sheinbaum? Veamos.
El disenso expresa desacuerdo abierto y presión social que, si no es procesado institucionalmente, puede acumular agravios y erosionar legitimidad. Un ejemplo reciente es la crisis de la reforma electoral presentada por la presidenta Sheinbaum y que terminó en el oprobio legislativo debido a la resistencia los propios aliados de MORENA en el Congreso.
La situación, derivado de lo que se ventiló en público, se origina en una falta de construcción de consensos previamente a la presentación de la iniciativa. Es decir, no se hizo la tarea, o peor aún, se pensó que los aliados avalarían sin chistar un marco legal que los destinaba a la extinción.
El disenso, lo saben los estrategas políticos, si no es atendido, entonces crece y se vuelve rebelión. Lo que significa que, del desacuerdo, sea público o privado, se pasa a la abierta confrontación. La relación con el Partido del Trabajo presenta esta dinámica.
Cuando el disenso escala a confrontación estamos ante un momento políticamente relevante porque cuando el desencuentro se vuelve persistente, organizado y percibe que las vías formales no responden, puede transformarse en un desafío directo al orden establecido.
Para los gobiernos, debe ser prioritario acotar el disenso y evitar la rebelión, es decir calibrar decisiones. Especialmente delicado es la atención de demandas para reducir tensiones, evitar respuestas coercitivas desproporcionadas y mantener canales de negociación que impidan que el conflicto escale. Un punto fino que no parece ser el fuerte de la presente administración federal.
A continuación, expongo cinco situaciones detectadas tan sólo del 1° de marzo al 9 de abril.
Entre las situaciones de riesgo institucional y de seguridad nacional está, el hackeo al sistema PIS. Se trata de un sistema crítico gestionado por la Secretaría de Marina (SEMAR) y desarrollado originalmente por la administración del puerto de Manzanillo, Colima. La vulneración de infraestructura crítica, exposición de datos sensibles, genera dudas sobre las capacidades de ciberdefensa del país. Tema que tiene un impacto político porque erosiona la percepción de control estatal sobre puertos, comercio exterior y cadenas logísticas. El inmovilismo abre flancos en agendas con socios comerciales. Además de generar incertidumbre entre la población al momento de registrar datos biométricos.
Una segunda situación de riesgo en materia de gobernabilidad y de seguridad pública es la percepción de inseguridad al alza, que curiosamente convive con altos niveles de aprobación presidencial. Encuestas recientes señalan una evaluación negativa en combate al crimen organizado por parte de la ciudadanía.
Aquí el núcleo del riesgo es la brecha entre legitimidad electoral/demoscópica y los resultados específicos en seguridad. La percepción ciudadana deviene en una clara presión sobre la narrativa de “disminución de delitos”, con un impacto político que puede traducirse en desgaste acelerado si se acumulan eventos de violencia de alto impacto. La neutralización de “El Mencho” es un episodio paradigmático en este sentido. De nueva cuenta vemos que el inmovilismo impera.
El contraste entre el desempeño y las expectativas sociales, es otra situación de relevancia estratégica. La persistencia de ineficiencias y hasta colusiones en materia de seguridad, las limitaciones en salud, abasto de medicamentos y generación de empleo se convierten en prioridades críticas.
El problema es que las expectativas ciudadanas están muy concentradas en sólo tres rubros de atención gubernamental (seguridad, salud, combate a la corrupción) y en los que la mejora es percibida simplemente como insuficiente. El riesgo de frustración acumulada, protestas sectoriales y pérdida de capital político para reformas estructurales es un precio gravoso para cualquier gobernante.
Otra vez, el inmovilismo juega en contra del régimen. ¿Cómo apelar a que “no sin iguales” cuando la corrupción interna en MORENA es tolerada, solapada y disimulada?
Un riesgo acumulativo a lo ya discutido es el impacto sobre la credibilidad y narrativa gubernamentales. La incongruencia entre el discurso de pacificación y las cifras de violencia y ahora el reporte sobre desapariciones forzadas de la ONU, sientan las bases para una abierta disonancia entre el discurso oficial y los datos duros. Se acumulan los cuestionamientos sobre la veracidad o pertinencia de los mensajes presidenciales.
El impacto político es también relevante ya que va al deterioro de la confianza en el modelo de comunicación oficial. A la vez que les otorga mayor peso a narrativas alternativas. Es decir, al no decidir un curso de acción sólido se les abre la puerta a los discursos de la oposición, la acción directa del crimen organizado, y a diversos actores locales.
Todo lo anterior deviene en una crisis reputacional internacional y de cooperación. La imagen internacional de México frente a la violencia, el crimen organizado y la ciberseguridad queda manchada sin que comunicacionalmente se tenga una acción medianamente eficaz. Lo que pega a la percepción de México como socio estratégico, tornándose vecino disfuncional que se ve impedido por problemas persistentes de seguridad y con agudas vulnerabilidades digitales.
Ante tal escenario es de esperar afectaciones sobre la negociación de acuerdos comerciales particularmente el TMEC, sobre condiciones de cooperación en seguridad, calificaciones de riesgo país en materia financiera y decisiones de inversión.
Todo lo anterior plantea interrogantes. ¿Estamos ante un inmovilismo gubernamental generalizado? ¿Tras el desencuentro por la reforma electoral, Movimiento Ciudadano reemplazará al Partido del Trabajo como socio minoritario en la labor legislativa? ¿Será que los altos niveles de aprobación presidencial juegan en contra de decisiones difíciles? ¿Cuál es entonces el planteamiento político de estrategia de la presidenta Sheinbaum? ¿Privilegiar el inmovilismo para evitar, o acotar costos políticos? ¿Es la estrategia adecuada?
Las respuestas son relevantes porque las encuestas están diciendo que la presidenta “le cae bien a la gente”, pero al mismo tiempo está reprobada en todo lo demás (excepto en programas sociales). La estabilidad y gobernabilidad del país está en juego y como sociedad tenemos la obligación de exigir más de nuestros gobernantes como tomadores de decisión y no simplemente por su gracia personal.
SAGRADAS ESCRITURAS: Génesis 11:9
Así que la ciudad fue llamada Babel, porque el SEÑOR confundió las lenguas humanas y desde ahí el SEÑOR dispersó a la gente por todo el mundo.
