El 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para refrendar su compromiso de dirigir la lucha global para abatir al tabaquismo, la principal causa de mortandad prematura evitable en el mundo, que en México provoca el deceso de 60 mil personas al año. Predeciblemente, esta fecha será ocasión para sendos discursos de funcionarios de la Secretaría de Salud sumándose al esfuerzo de la OMS, declarando impulsar en México políticas públicas contra el tabaquismo. Seguramente mencionarán como un logro propio el haber impulsado prohibiciones (avaladas por la OMS) contra productos y tecnologías no-combustibles de consumo de nicotina: vaporizadores o cigarros electrónicos y el tabaco calentado.
Sin embargo, una vez que terminen los discursos del 31 de mayo cabe preguntarse ¿qué alicientes u opciones ofrecen las autoridades en México a los fumadores “de a pie” que desean dejar de fumar cigarros de tabaco? ¿En qué les beneficia que vaporizadores y dispositivos de tabaco calentado sean ilegales?
La realidad arrasa con los discursos. No hay mucho que celebrar el 31 de mayo. Las encuestas demográficas señalan que la prevalencia de fumadores en México se ha mantenido estable entre el 15% y el 20% desde 1999, lo cual denota el fracaso de las autoridades de salud para abatir al tabaquismo. A la fecha, su reacción ante este fracaso ha sido proponer legislación más agresiva, incrementar impuestos, mayores pictogramas en las cajetillas, y prohibiciones más estrictas de uso en espacios públicos. Sin embargo, legislar no cambiará la realidad del fumador mientras insistan en ofrecer únicamente los métodos tradicionales para dejar de fumar que no han funcionado a nivel poblacional.
¿Qué opciones legales ofrece la Secretaría de Salud a los fumadores? Estos pueden adquirir fármacos, los cuales son caros: tratamiento completo de Champix, $3,890.00 por 12 semanas (a repetir si es necesario), parches de nicotina $1890.00 (si es que se consiguen). El fumador también puede acudir sin costo a clínicas del estado (Hospital General, IMSS, INER) y recibir apoyo profesional. ¿Qué tan viables son estas opciones? En la práctica, un fumador que vive en Iztapalapa y trabaja en Atizapán difícilmente dispone de recursos para adquirir los fármacos mencionados o del tiempo para acudir a las clínicas del Estado y someterse al seguimiento y las pruebas necesarios. De hecho, según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT 2016-2017), solamente el 3.5% de los fumadores con intención y motivación para dejar de fumar acudieron a la asesoría de un profesional en salud. Las clínicas públicas de cesación en la práctica (y suponiendo que cuenten con personal capacitado y recursos públicos) no pueden atender a millones de fumadores.
Ante este panorama es contraproducente prohibir y criminalizar a una opción, como los productos no combustibles, bien puede lograr que más fumadores abandonen o significativamente disminuyan su consumo de cigarros de tabaco. Si dejar de fumar fuera fácil, estos productos sustitutos de menor riesgo no serían necesarios, pero en el mundo real el cese tabáquico es difícil, por lo que una solución imperfecta que reduce enormemente el daño (aùn cuando no lo elimine del todo) puede ser viable y benéfica para millones de fumadores. De hecho, la sustitución del cigarro de tabaco por estos productos no eliminaría a las opciones actualmente disponibles, pero puede ser una opción más práctica y más económica para millones de fumadores, ya que les mantiene el ritual de fumar disminuyendo enormemente los riesgos y la ansiedad de la abstinencia de nicotina, no requiere fármacos caros, ni modificar sus horarios o hábitos para acudir a hospitales o clínicas lejos de su domicilio.
Sin embargo, la viabilidad de los productos no combustibles requiere necesariamente una regulación adecuada. Si el objetivo es inducir al fumador a la adopción de estos productos por representar éstos un riesgo sanitario mucho menor, la regulación les debe otorgar ventajas sobre el producto contra el cual competirían: el cigarro de tabaco. Además, una vez regulados estos productos le generarían al estado suficiente recaudación fiscal para compensar con creces al gasto público que implicaría fiscalizar el cumplimiento de las normas regulatorias, optimizando así los recursos públicos y disminuyendo al mercado negro.
Por último, la prohibición de estos productos criminaliza y deja desamparados a por lo menos un millón de personas que ya los consumen, la inmensa mayoría adultos ex-fumadores o fumadores que han experimentado beneficios a su salud. Ante la necedad y cerrazón de la Secretaría de Salud la mayoría de los 17 millones de adultos fumadores mexicanos, sin información ni acceso legal a esta opción de reducción de daños, simplemente seguirán fumando cigarros tóxicos pese a los grandes discursos y las celebraciones del 31 de mayo.
Dr Roberto Allan Sussman Livovsky
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
Director de Pro Vapeo México A.C.**
** Pro Vapeo México es una asociación civil sin fines de lucro que promueve el acceso legal de productos de reducción de daño del tabaquismo a fumadores adultos en México. Pro Vapeo México no tiene conflictos de interés con las industrias tabacalera, farmacéutica, ni con los fabricantes o vendedores de de dichos productos
