Quienes militamos en el mundo de las leyes, quizá por amor y respeto a ellas, colaboramos activamente para que las mismas sean aplicadas de manera decente. Sabemos de sobra que la ley y el poder arbitrario se encuentran en eterna confronta. En México no existe más que una ley para todos, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cuál gobierna todas las leyes. Nuestra ley no está hecha para proteger a los bribones.
Actualmente en ésta Cuarta Transformación de la Nación vivimos en una crucial deformación de nuestros ordenamientos jurídicos, en nuestro México dichas ordenanzas parecen ser letra muerta, a muchos de nuestros gobernantes les importa nada aplicarlas.
Si a lo expuesto sumamos la proclividad de ciertos Siervos de la Nación del ámbito de procuración, impartición y administración de justicia para perpetrar múltiples actos de corrupción, entonces nos encontramos frente a un fenómeno de complicadas aristas, en donde la ley no se aplica.
Ante éste hecho de indefectibles e inauditas violaciones a las normas legales. Todo ello extrañamente favorece a la injusticia, impunidad e inseguridad, lo cuál resulta como es de fama pública, un oprobio para nuestro México.
Estos acontecimientos contra la esencia de nuestra Constitución Republicana, no sólo no son aceptables, sino que hablan mal de aquellos que inaplican la ley, los cuáles hacen lo posible para que México pierda a toda costa.
En ese orden, debe decirse –por ser la verdad— que a todos nos interesa poner un coto a esa definida insensibilidad política y jurídica, consistente en inaplicar la ley. Tampoco debemos de admitir bajo concepto alguno, que se sigan permitiendo los actos de corrupción en el mundo de las leyes, ya que según se sabe, ello ofende a nuestra Constitución Política y a nuestra Nación.
También deben de liquidarse de una vez por todas los actos de nuestros gobernantes –sólo hambrientos de poder– que se abstienen de aplicar nuestros mandatos jurídicos para beneficiar a los transgresores de la ley.
Los gobernantes y autoridades de ésta Cuarta Transformación de la Nación, deben cambiar muy rápido de su forma de pensar e inaplicar las normas legales, a contrario sensu, si ello no lo modifican sólo tienden a fracasar.
La sociedad civil y la Abogacía Independiente de la República, deben de inconformarse y pugnar palmo a palmo en contra de los enemigos que estiman que la inaplicabilidad de la Constitución Republicana es acorde a la política de “abrazos y besos” a la delincuencia.
Así lo esperamos.
Así lo deseamos.
Así lo exigimos.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
