El Fiscal y sus propiedades

En ésta Cuarta Transformación de la República existe un Fiscal General que dice ser Siervo de la Nación, el cuál ha incurrido en una serie de complicidades y avenencias con el singular poder del narcotráfico; se ha hecho evidente que ese fenómeno lo ha enriquecido a costa de ser omiso en indagarlo. Ello confirma una vez más que la “honorabilidad” a la que alude es un pretexto más de la delincuencia del poder para seguir acumulando propiedades en el extranjero.

México está consciente de que esto ya no lo apoya ningún sector decente, por indiferente, insensible y sigiloso que pueda estar. Ahora resulta que Alejandro Gertz Manero, en su calidad de Representante Social Federal, pretende defenderse y justificarse expresando que cuenta con el apoyo y la confianza del C. Primer Magistrado de la Nación. Pero la voz de la Abogacía Independiente de la República es muy terca y tenaz y las revelaciones de sus propiedades en el extranjero continúan siendo muy abrumadoras para calificarlo como lo que es un inmoral.

Alejandro Gertz Manero, de manera insistente y reiterada recurre a una razón de estado y a su supuesta “honorabilidad”, sin percatarse de que su codicia es un débil cimiento de defensa de su indignidad.

El Fiscal General de la República de la Cuarta Transformación de la Nación, no resulta ser un verdadero servidor de la justicia, después de enriquecerse y envilecerse en la Representación Social Federal. Si esto continúa así, México y sus instituciones de procuración de justicia seguirán en la obscuridad.

Ese iletrado de la justicia, sigue haciendo valer en vía de defensa que cuenta con la confianza de Andrés Manuel López Obrador y la Cámara de Senadores que lo designó. Ni la justicia, ni la abogacía independiente se tragan ese argumento. Las escuchas de su infamia, sus aficiones a los lujos, sus arbitrariedades, su ignorancia en la aplicación de la ley, sus propiedades, son testimonios demoledores sobre implicaciones de conductas delictivas al más alto nivel en la trama de protección por omisión a la narco-política, todos sus peculios, pertenencias y fincas que van apareciendo resultan ser los mayores datos y auténticos aretes de demolición de esa falsa “honorabilidad”.

Esa conducta de enriquecimiento, esas ofensas a la justicia y a la inteligencia parecen translucir la confianza en la ineficacia para procurar justicia. La confianza está en nuestras leyes, en nuestra Constitución Política y ellas no conceden impunidad cuando son aplicadas correctamente.

Hoy más que nunca, la justicia está obligada a actuar en contra de la narco-política y sus protectores. Si no se –cumple con esa obligatio– que se le debe a México y a la propia dignidad como Nación se arruinara la última posibilidad de respetar a nuestra justicia y, por tanto, a aquél que le concede confianza a un delincuente.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México