El Gobierno invertido

La ideología política de Andrés Manuel López Obrador y su hoy mal llamada Cuarta Transformación de la Nación no es solo una aberrante convicción injustificada, sino también una conciencia invertida de la realidad jurídica, esto es, en conclusión de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, una creencia contrahecha.

Muy a propósito de lo expuesto y antes de la era de Cristo, Marco Tulio Cicerón en su obra De Offiiciis expuso: “No debe ser oído el que alega sus propias torpezas”. Turpitudinem propiam allegans non est audiendus.

Lamentablemente para nuestro querido México el Primer Magistrado de la Nación con su estilo de pensar y gobernar “invierte” las relaciones entre la justicia y la realidad. Su forma de actuar y gobernar en verdad tergiversa la forma de “pensar y ponderar” contenida en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para que nuestros queridos lectores juzguen que esa idea contenida en la forma de gobernar de la Cuarta Transformación de la Nación es “injustificada”, basta comprobar que no se acompañan los actos de gobierno con fundamentos jurídicos congruentes; los académicos afirmamos sin dubitación alguna que lo expuesto por el Poder Ejecutivo Federal, resulta “falso e ilusorio” y para ello solo basta demostrar que no corresponde a la realidad de nuestro Estado de Derecho.

El ateneo de estudios jurídicos penales asevera lo antepuesto y demuestra que ese pensar del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es falso y disfrazado, para ello hace valer un punto de vista contrario al ideológico de Andrés Manuel López Obrador contenido en el espíritu de la Carta Magna, el cual refiere que el ejercicio de los derechos de los mexicanos no se funda en las obligaciones que impone el Poder Ejecutivo, o en las facultades fundadas en unos deberes presidenciales “invertidos”.

La abogacía independiente de la República refiere que los deberes del Primer Magistrado de la Nación, deben de ser aquellos a los que se les conoce como “jurídicamente ordenados” y no “invertidos”.

El Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas durante su mandato jamás ha comprendido que su deber jurídico es el fundamento del derecho de observar la conducta prescrita por la Carta de Carranza y, la facultad fundada en tal deber no le permite menguar por ningún motivo al Poder Judicial Federal.

Ojalá Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de próxima Presidente de los Estados Unidos Mexicanos entienda que nuestra Patria tiene que ser bien gobernada y para ello tendrá que obedecer nuestras leyes.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..