El combate al robo de combustible en México vive una nueva etapa. La estrategia gubernamental actual, enfocada tanto en el huachicol físico como en el huachicol fiscal, ha llevado a un endurecimiento en las inspecciones y operativos en estaciones de servicio. Sin embargo, estas acciones también han revelado una nueva tendencia: ciertas empresas estarían adoptando medidas para evadir la supervisión de las autoridades.
Recientemente, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) denunciaron que al menos dos gasolineras se negaron a ser verificadas durante una jornada nacional de inspecciones, lo que derivó en cinco clausuras y la inmovilización de 36 instrumentos de medición.
Este tipo de actos, aunque no necesariamente constituyen delitos, sí encienden alertas sobre un fenómeno en evolución: el uso de estrategias preventivas, legales o grises, por parte de algunas estaciones para evitar sanciones. Entre estos mecanismos, se ha identificado desde el cierre anticipado de estaciones antes de operativos hasta la supuesta intervención de actores políticos que buscan frenar sanciones, según reportes recientes de medios nacionales.
Un ejemplo ilustrativo, que ha llamado la atención por su temporalidad y contexto, es el de Black Gold, cuyas estaciones suspendieron operaciones justo antes de la última ola de inspecciones. Aunque la empresa no ha sido señalada formalmente por las autoridades, su caso refleja un patrón creciente de comportamiento que merece ser discutido públicamente.
La lucha contra el huachicol ha dejado de ser únicamente una persecución contra tomas clandestinas. Hoy, el gobierno federal ha puesto en marcha una ofensiva más compleja, que incluye auditorías fiscales, verificación de permisos, trazabilidad de combustibles y supervisión en campo. En tan solo ocho meses, se han incautado más de 39 millones de litros de combustible de procedencia irregular y desarticulado redes delictivas en varios estados del país.
En este nuevo contexto, las empresas del sector energético tienen la responsabilidad de colaborar activamente con las autoridades. Cualquier acción que obstaculice la verificación o que busque retrasar la acción regulatoria, aunque no sea ilegal, resta legitimidad a los esfuerzos institucionales y pone en entredicho el compromiso del sector con la legalidad y la transparencia.
El cierre anticipado de estaciones, el ocultamiento de instrumentos de medición y la utilización de influencias externas para evitar sanciones no deben normalizarse. Hoy más que nunca, se requiere una discusión pública sobre cómo fortalecer la corresponsabilidad del sector privado en la lucha contra el huachicol, sin señalamientos directos, pero con total claridad sobre lo que está en juego.
