Sara Lovera
SemMéxico, Cd. de México, 5 de abril, 2021.- La violencia política durante el proceso electoral en marcha es una amenaza real para hombres y mujeres. Lo grave es que se van acumulando denuncias en el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha decidido cumplir con sus lineamientos constitucionales; especialmente, tratándose de agresiones contra candidaturas de mujeres.
El INE, en esta coyuntura política, es la única garantía política y jurídica para la llegada de muchas mujeres a puestos de decisión y representación, libres de violencia. Pero contra estas medidas, dignas de un país democrático, hay una andanada propia de países dictatoriales.
En otras latitudes no hay que explicar por qué una persona señalada como violenta sexualmente no puede ejercer ninguna función pública. En una democracia ilustrada no hay que explicar por qué un padre debe hacerse cargo de la alimentación de sus hijos, ni por qué es contra la democracia promover individuos con antecedentes de violencia familiar.
Pero en este país, si el INE se pone a la cabeza de intentar civilizar y legalizar las elecciones, esa parte elemental, el salvaje machismo mexicano, se levanta, patea, manotea y busca desprestigiar la única fuente de seguridad electoral y sano desarrollo de las contiendas por el poder.
Es como un monstruo cavernícola que se alza contra toda la lógica histórica. Porque la transición a elecciones fuera del control del presidente de la República costó algunas vidas y significó derribar muros de impericia y poder. En los partidos deben eliminarse cacicazgos y reyezuelos.
La transición que dio lugar a lo que se llama el poder compartido, pluripartidismo, fue una proeza de millones de mexicanas y mexicanos; conseguir un enorme y rápido avance, tras décadas de estancamiento en los derechos políticos de las mujeres y construir, así sea con defectos, un espacio de deliberación sobre las reglas para las elecciones, parece no importar al Ejecutivo y su partido.
Las consecuencias pueden ser peligrosas. Hasta ahora, cada tercer día, desde que comenzó el proceso electoral hay un asesinato político, una agresión por razones de género; cada día sube la temperatura del discurso desde la dirigencia masculina. Y es ahí, en ese espacio, donde miles de mujeres participan. Ellas están en peligro y su vida en riesgo.
Creo que es hora de que el gobierno que llegó gracias al proceso democrático, se haga responsable y su partido/movimiento deje de jugar con la ley y la Constitución. De lo contrario, México volverá a las catacumbas, donde todo se vale; retrocediendo, no sólo en democracia formal, sino en la democracia aspiracional, especialmente contra las mujeres, llegadas apenas. Mirar alrededor, ya hace temblar a cualquiera: candidatas competitivas bajo fuego, amenazas y en plena semana santa una asesinada en Oaxaca, funcionarias agredidas, precandidatas amenazadas y —lo más grave de todo ello— intentos por romper el orden público, como en Guerrero.
A la iniciativa 3 de 3, para parar la violencia contra las mujeres le faltaron dientes. Ahora resulta que, si no hay sentencia, no hay medidas de protección para las denunciantes. Es el caso de Basilia Maciel, quien acusa de violación a Félix Salgado Macedonio, la que tendrá que recurrir sólo para medidas precautorias al Tribunal que, dicen, no es autónomo y nada más recibe órdenes del palacio del Virrey. Así las cosas. Defender al INE y mejorarlo es urgente y racional. Lo contrario es la jungla y la barbarie. Veremos.
