Por Aurelio Contreras Moreno
Suponiendo, sin conceder, que la crisis política ocasionada al actual gobierno estatal por la liberación de ex funcionarios duartistas fue producto exclusivamente de una maquinación perversa de la Fiscalía General y de la anterior administración, vaya que hay motivos para preocuparse sobre su capacidad de respuesta ante problemas de mucho mayor complejidad y gravedad.
Mientras el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros han ocupado una gran cantidad de tiempo y energía en culpar al yunismo de la excarcelación de los duartistas –por cierto, difundiendo audios ilegales, práctica común en la “guerra” entre yunistas y fidelistas por lo menos en los últimos 15 años-, Veracruz sigue siendo azotado por la violencia, sin que la respuesta de la autoridad vaya más allá de condenas verbales en redes sociales.
En los primeros nueve días del gobierno de García Jiménez, se han registrado seis asesinatos de mujeres en varias ciudades de la entidad, mientras que se reportan ejecuciones y ataques armados en los municipios de Altotonga, Coyutla, Córdoba y Orizaba. En ésta última, a plena luz del día y en una zona céntrica de la Pluviosilla.
Asimismo, y con un mucho mayor impacto mediático, un grupo de migrantes guatemaltecos fue agredido por un comando armado durante su trayecto hacia Tierra Blanca, en una comunidad a la altura del municipio de Rodríguez Clara. El saldo fue de una mujer asesinada y tres personas más gravemente heridas, incluyendo a un niño de tres años de edad.
Esto provocó un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que exigió a los gobiernos federal y estatal “el pronto esclarecimiento de los hechos, mediante una investigación exhaustiva, profesional y efectiva, que lleve a encontrar a los responsables para que sean presentados ante las instancias impartidoras de justicia y reciban la sanción que conforme a derecho corresponda”.
Al escalar al ámbito nacional estos hechos, el gobernador García Jiménez no tuvo más que salir a responder. En su cuenta de Twitter publicó que “desde el primer reporte que obtuvimos sobre el condenable ataque a inmigrantes en el sur del Estado, se instrumentaron acciones para ver por las víctimas. Atenderemos la demanda de la CNDH para que la instancia investigadora haga su trabajo y dé pronto con los culpables”.
El problema es que la instancia investigadora de éste y todos los demás delitos del fuero común en Veracruz, la Fiscalía General del Estado, está enfrascada en un pleito político con los poderes Ejecutivo y Legislativo de la entidad. En esas circunstancias, esperar que haya una aplicación expedita de la ley y la justicia es una fantasía.
Lo que no es una fantasía es que los problemas de Veracruz no pueden esperar a que los políticos decidan ponerse de acuerdo para cumplir con sus encomiendas. Tampoco basta con declaraciones en redes. Es urgente que se tomen medidas eficaces y contundentes. La inseguridad, por si no se los han hecho saber, es el mayor reto que tienen por delante las autoridades en funciones.
Los criminales no van a volverse “buenos” con llamados paternalistas. Y aun cuando es absolutamente cierto que la violencia y la inseguridad no fueron ocasionadas por el gobierno que acaba de comenzar, sí es su responsabilidad combatirlas. Las autoridades anteriores perdieron sus dos años de gestión en politiquerías, dejando la entidad al garete. Y así les fue en las urnas el pasado 1 de diciembre.
El latigazo de la violencia no perdona. Mejor que se ocupen de lo verdaderamente importante.
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