Existe un asunto, el cuál vio su origen en tiempos del neoliberalismo y se ha perpetuado en ésta Cuarta Transformación de la Nación, mismo que por desventura se encuentra totalmente substraído de la justicia. Me refiero, una vez más, y para no incidir en variante, a la narco-política. Como ocurre con gran frecuencia en México, nuestro Poder Ejecutivo en turno le concede ínfima importancia.
La abogacía independiente desde siempre ha externado que los Presidentes Constitucionales que ha tenido nuestra Patria han carecido del arrojo para dar cara a la verdadera dimensión del problema. El Ateneo de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados de la República no ha alcanzado a comprender el porqué la moral política y el derecho positivo mexicano continúan en permanente contienda.
Es verdaderamente imposible que nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador perciba que en su mandato, por un lado marcha nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su Código Penal Federal y por el otro lado corre la ilegalidad, la impunidad y la impudicia que se le obsequia a aquél político vinculado con el repugnante fenómeno del narcotráfico.
La torpe y cretina política de “abrazos y besos a la delincuencia” debería buscar otro camino para resolver el problema de inseguridad, impunidad y delincuencia por el que atraviesa México. Pero neciamente no lo ha hecho, ni lo hará. El Poder Ejecutivo Federal ha querido hacer justicia y no la ha hecho. Se tropezó con la narco-política y no ha actuado preferentemente con lo que exige nuestra Constitución Republicana.
Pero también cabe añadir el disparate jurídico de encomendar y confiar en un Fiscal General de la Nación que le otorga protección a sus pares criminales. En su momento Aristóteles lo dijo de manera clara, bien sencilla y comprensible: “Cuando el hombre se aparta de la ley y de la justicia, es el peor de los criminales”.
La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, lo va a expresar una vez más: los actos de los gobernantes deben mostrar su perfecta sumisión a la Constitución Política, la vida de nuestra Nación es imposible sin ésta condición.
Mientras nuestro Pacto Federal consagra a la Justicia como un valor supremo, mientras dicha Carta Fundamental proclama que la dignidad de los mexicanos y sus derechos que le son inherentes son inviolables y constituyen el respaldo del orden jurídico, mientras la Ley de Leyes garantiza el Derecho a la integridad nacional, ello no lo entiende el Presidente de la República, como tampoco entendemos los abogados el incorrecto pensar de Andrés Manuel López Obrador. México exige el cese de la impunidad y de la insolencia.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del
Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
