José Luis Parra
El régimen va por la cabeza de Alito Moreno.
Y va en serio.
Dos excolaboradores cercanos ya fueron detenidos en menos de 48 horas por autoridades de Campeche. Uno de ellos, Carlos Alberto Medina Hernández, exresponsable de Comunicación Social durante el gobierno de Alejandro Moreno; el otro, Luis Antonio Espinosa Campos, operador financiero ligado al hermano del dirigente priista.
Ahora van por la pieza mayor.
El procedimiento de desafuero, dicen en Morena, sigue vivo.
La bola está cantada.
Y fiel a su estilo, el régimen no parece demasiado preocupado por ofrecer un gran teatro de legalidad. Primero se cerca al adversario, después se exhiben sus pecados y finalmente se prepara el sacrificio.
Marca de la casa.
Ahí están otros episodios para alimentar suspicacias. Ernesto Ruffo. Ángel Aguirre. Antes Rosario Robles.
Claro, Alito tampoco es precisamente San Francisco de Asís.
Como prácticamente todos los políticos mexicanos de larga trayectoria seguramente tiene cadáveres en el clóset. Unos más grandes que otros. Las investigaciones en Campeche hablan de presuntos desvíos millonarios, operaciones con empresas factureras y posibles irregularidades cometidas durante su gobierno.
Que se investigue.
Y si hay delitos, que se castiguen.
El problema aparece cuando la justicia comienza a tener colores partidistas.
Porque los de casa parecen disponer de otro reglamento.
Y algunos hasta de fuero moral.
Más todavía cuando personajes vinculados a la 4T son señalados, investigados o reclamados desde Estados Unidos. Ahí la velocidad cambia. El acelerador se convierte misteriosamente en freno.
Qué cosas.
Alito cometió además una irreverencia que difícilmente pasaría inadvertida: fue a territorio estadounidense a denunciar a tres consejeros del INE y pedir sanciones bajo la Ley Global Magnitsky.
Se metió con el régimen.
Pero lo hizo afuera.
Y eso cambia las dimensiones del pleito.
Morena respondió acusándolo de entreguista. Alito contestó llamando a Morena cártel y denunciando persecución política. Movimiento Ciudadano entró al intercambio. Alejandro Murat también. Luego apareció el PRI para cerrar filas.
Todos contra todos.
Una bonita estampa de la política mexicana.
El problema es que debajo de los insultos existe una pelea mucho más delicada.
El desafuero de Alito podría dejar de ser exclusivamente un asunto judicial para convertirse en una confrontación política con ramificaciones internacionales.
Porque Estados Unidos juega su propio partido.
Y tiene cuentas pendientes.
Algunas importantes.
En este momento quizá el principal freno para una eventual ofensiva final contra Alejandro Moreno no esté en San Lázaro, el Senado, Campeche o Palacio Nacional.
Podría estar en Washington.
El gobierno estadounidense mantiene expedientes, investigaciones e intereses alrededor de personajes vinculados con la política mexicana y el crimen organizado. Y en esa relación nadie regala nada.
Mucho menos favores.
Por eso sería interesante observar hasta dónde pretende llegar el régimen.
Una cosa es golpear políticamente a Alito.
Otra encarcelarlo.
Y otra muy distinta convertirlo en mártir de una oposición disminuida que necesita desesperadamente una bandera.
Porque Alejandro Moreno podrá cargar todos los negativos que quieran.
Pero un perseguido político siempre cotiza mejor que un dirigente partidista desprestigiado.
Es una vieja regla del poder.
A veces la víctima la fabrica el propio verdugo.
Por lo pronto el cerco está armado.
Primero los colaboradores.
Después los operadores.
Luego la familia.
Y finalmente el jefe.
Nada nuevo.
Lo preocupante sería que en estos tiempos bélicos alguien calcule mal las consecuencias.
La pradera está seca.
Hay pleitos abiertos entre partidos, poderes, gobiernos, grupos económicos y actores internacionales. Agregar gasolina por una venganza política podría resultar bastante costoso.
Porque en política también existen sacrificios que terminan fortaleciendo al sacrificado.
Alito ya escuchó los tambores.
Falta saber si será ejecución.
O rescate.
Y desde dónde llegará la orden.
