José Luis Parra
En política, cuando alguien sale a decir que no piensa huir, que no necesita abogados y que está “muy tranquilo”, generalmente es porque el incendio ya alcanzó la sala. Y el senador sinaloense Enrique Inzunza decidió enfrentar el fuego con un post en redes sociales. No con una conferencia, no con una rueda de prensa, no con una comparecencia pública. Con un post.
La nueva defensa política cabe en 280 caracteres.
“Soy abogado de mí mismo”, escribió el morenista luego de las acusaciones difundidas desde Estados Unidos sobre presuntos vínculos con Los Chapitos. Y quizá tenga razón. En estos tiempos de la 4T todos terminan litigando en redes sociales: unos con hashtags, otros con bots y algunos más con videos lacrimógenos de TikTok.
El detalle es que las acusaciones no vienen de un youtuber opositor ni de un periodista incómodo. Vienen de autoridades estadounidenses. Y eso cambia el tamaño del problema.
Porque cuando Washington pone nombres y cargos sobre la mesa, en México comienza el viejo ritual del deslinde, el silencio selectivo y las ausencias estratégicas. Casualidad o no, Inzunza ya faltó dos veces a sesiones de la Permanente. Pero asegura que está en Sinaloa, orgulloso de su tierra y rodeado de gente honesta. Eso dijo.
La frase parece escrita por un asesor de control de daños o por un poeta regional atrapado en una carpeta de investigación internacional.
Mientras tanto, desde la otra trinchera apareció la diputada priista Paola Gárate para echarle gasolina al incendio. Y no fue poca.
Su relato es brutal: secuestros de operadores políticos, amenazas armadas, casillas quemadas, candidatos intimidados y un mensaje clarísimo durante la elección de 2021: “Tenía que ganar Morena”.
Si lo narrado por la legisladora fuese cierto en toda su dimensión, entonces en Sinaloa no hubo solamente una elección. Hubo una operación de control territorial con boletas electorales como utilería democrática.
Y aquí aparece la parte más delicada del asunto: nadie denuncia formalmente porque, según dicen, denunciar cuesta la vida.
Ahí está el verdadero tamaño de la tragedia nacional. No es solamente la violencia. Es el miedo institucionalizado. El crimen ya no necesita esconderse; le basta con que nadie se atreva a señalarlo oficialmente.
Lo más inquietante es que las historias comienzan a coincidir. Desde Estados Unidos hablan de presuntos acuerdos criminales para influir en procesos electorales. Desde Sinaloa, actores políticos relatan secuestros y presiones durante esos mismos comicios. Y entre ambos relatos aparece el mismo beneficiario político.
Demasiadas coincidencias para un país acostumbrado a fingir sorpresa.
Claro, faltan pruebas judiciales, procesos, sentencias y toda la liturgia legal correspondiente. Pero políticamente el daño ya está hecho. Porque una acusación de este tamaño no se borra con un tuit patriótico ni con discursos sobre honorabilidad.
La política mexicana está entrando en una fase peligrosa: la de los expedientes internacionales mezclados con procesos electorales nacionales.
Y ahí la 4T enfrenta un problema mayor. Durante años construyó su narrativa sobre la superioridad moral. El problema de colocarse en un pedestal ético es que cualquier señalamiento posterior provoca una caída más aparatosa.
Por eso el caso Inzunza no es solamente un problema personal o jurídico. Es un síntoma.
El síntoma de un país donde las elecciones empiezan a parecer expedientes criminales, donde los políticos responden investigaciones internacionales con publicaciones en X y donde el miedo pesa más que las instituciones
Sinaloa, otra vez, convertido en espejo incómodo de México.
Y cuando la política necesita aclararse mediante posteos, testimonios de secuestro y acusaciones extranjeras, quizá el problema ya dejó de ser electoral.
Tal vez ya es estructural.
