Derivado de los sismos registrados en México, los días 7 y 19 de septiembre, de magnitud 8.2 y 7.1 grados, las necesidades económicas para la reconstrucción de las comunidades afectadas son imperantes y exigen al Congreso de la Unión una respuesta inmediata estableciendo el orden jurídico que regule la tarea.
La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, aseguró que se debe establecer un Padrón Único de Beneficiarios que permita dar certeza a las y los ciudadanos afectados, con un conjunto de instrumentos, sistemas y reglas que permitan la identificación, caracterización e integración de los Beneficiarios del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017, el cual, garantice la reconstrucción de las viviendas de los damnificados con transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos propuso crear la Ley del Fondo Nacional de Reconstrucción 2017, para que el Estado mexicano, conforme al marco jurídico, coordine integralmente a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y a los sectores social y privado para el restablecimiento y reconstrucción de la infraestructura de vivienda, servicios de salud, educación, comunicación y en general, realizar acciones para la reactivación de la economía y la normalización de las actividades de la sociedad, el sector público y privado.
El objeto de la ley, dijo, es construir un fondo que garantice recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contribuciones para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, infraestructura escolar, provisión de albergue y servicios médicos, infraestructura de agua potable, construcción y rehabilitación de carreteras, vialidades y caminos rurales, así como para la atención de las personas damnificadas.
El Fondo, de acuerdo con la propuesta, se integrará por las aportaciones de los tres órdenes de gobierno, estados extranjeros, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y cualquier otro de procedencia lícita; así como la devolución del financiamiento público por parte de los partidos políticos, de los ahorros y recortes de organismos autónomos y de los poderes de la Unión en lo que resta del ejercicio fiscal, incluyendo la contratación de créditos con el Banco de México, de conformidad a la fracción segunda, del Artículo 7 de la ley del Banco de México.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 debe destinar una partida inicial de 20 mmdp, destacó la legisladora. Señaló que se debe establecer que los recursos se concentren en una cuenta especial de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y que se aplicarán exclusivamente para financiar las acciones que se determine en el Programa Nacional.
Respecto a su actuación, el Consejo de Administración del Fondo deberá enviar trimestralmente un informe público a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los estados financieros y operaciones presupuestales realizadas, así como el avance en el cumplimiento de objetivos.
Adicionalmente, dijo, se instituye el Programa Nacional de Reconstrucción, el cual establecerá los criterios, mecanismos y líneas de acción a corto, mediano y largo plazo; a fin de garantizar la resiliencia de las personas damnificadas, la recuperación social, física y cultural de las comunidades y zonas afectadas, así como su reactivación económica.
Las acciones y políticas que se desprendan del Programa Nacional tendrán como base la protección humana, el desarrollo humano sostenible y sustentable, y la reducción y prevención de riesgos.
La legisladora del PRD aseguró que las autoridades responsables deberán garantizar los recursos económicos y humanos necesarios, así como ser administrados y ejercidos bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, honradez, transparencia y rendición de cuentas.
En materia de transparencia y debido ejercicio de recursos destinados al fondo, apuntó, que se integrará un Comité, el cual tendrá como propósito coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de la ley, integrado por diez ciudadanos de probidad y prestigio, destacados en la protección civil, transparencia y rendición de cuentas, entre otros.
La propuesta se turnó a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda.
