MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
La descripción que del feminicidio hace la diputada federal perredista Karen Hurtado Arana, llama a la reflexión y provoca ira e impotencia.
Dice Karen que el feminicidio es la cara más aterradora de la descomposición social porque la pobreza, marginación e ignorancia son caldo de cultivo para que ese cáncer lacerante se propague por todo el país.
Y se propaga merced a la omisión cómplice de la autoridad federal, estatal y/o municipal que evita aplicar protocolos que garanticen los derechos y la seguridad física de las mujeres en todo el país.
Karen es presidenta de la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados y, a estas alturas de la LXIII Legislatura federal todo indica que concluirá su gestión como otras legisladoras que han impulsado la defensa de los derechos de las mujeres y combatido la trata de ellas.
El tema, empero, siempre implica el riesgo de oportunistas y vivales que, desde el Congreso de la Unión y otras instancias estatales legislativas, hacen del tema un negocio que les da para vivir con largueza e incluso brincar de cargo en cargo con cobro al erario público.
Y, en tanto, este fenómeno criminal no tiene para cuando amainar, evidencia de lo que dice la legisladora perredista, la descomposición social.
En México, refiere Karen, cada día son asesinadas 6 mujeres y, al menos la mitad, con algún grado de violencia; además, y esto es alarmante, las víctimas tienen entre 11 y 30 años de edad.
Ayer en la Cámara de Diputados, se celebró la instalación de la Comisión Especial de Alerta de Género, que preside la legisladora Karen Hurtado, en cuyo mensaje reclamó la omisión gubernamental para combatir ese problema. Cotidianamente, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, dan a conocer casos de mujeres asesinadas por razones de género.
En ese mensaje recordó que en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero esa letra ha estado muerta porque, acotó, estados y municipios han evadido el tema, maquillado cifras y se niegan a aplicar protocolos con perspectiva de género.
Lamentable y de vergüenza. Mire usted, de acuerdo con la información aportada por la diputada perredista, el mecanismo de Alerta de Violencia de Género se ha emitido en 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 en Michoacán, 7 en Chiapas, 5 en Nuevo León y 11 en Veracruz. Dice falta mucho por hacer. Dirías que muchísimo y, además, esas cifras son una ofensa y evidencia criminal de omisiones que implican complicidad.
¿A quién o quiénes conviene echar bajo la alfombra y hasta el fondo del escritorio la alerta de violencia de género?
Karen considera necesario insistir en la recomposición del tejido social y fomentar mayores oportunidades para las jóvenes porque, advierte, “está en juego la vida de nuestras niñas y mujeres, por lo que se requiere implementar acciones que nos ayuden a frenar y erradicar el feminicidio”.
Por de pronto, Hurtado Arana promete que la comisión dará seguimiento a los protocolos que contempla la alerta de género y escuchará las peticiones de la sociedad civil.
Pero la presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (Ceameg), de la Cámara de Diputados, Guadalupe González Suástegui, puntualiza que pese a las 6 alertas de género decretadas desde 2015, en Morelos, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Chiapas y Veracruz, no ha disminuido el flagelo que significa el feminicidio.
Y no disminuirá en la medida que estas acciones no vayan más allá de los enunciados y las declaraciones de impacto mediático, cuando de lo que se trata es de aplicar la ley y obligar a una armonía legal en todo el país para combatir no sólo al feminicidio, sino a todos los males que tenemos a consecuencia de la descomposición social.
Porque, lea usted, González Suástegui acota que “los índices aumentan y no se observan mejoras aun cuando a través de la coordinación institucional, se solicita a los estados implementar medidas de seguridad, prevención y justicia”.
Y, bueno, estima que la comisión permitirá estudiar a fondo la viabilidad de la alerta de género, a 10 años de la promulgación de la ley general en la materia. ¡A diez años! Con esas prisas ya podemos dormir sin sobresaltos. Burocracia, omisión y ganas de sólo buscar candilejas dejan en letra muerta disposiciones legales que son de obligada observancia.
¿Cumplirá su tarea la diputada Karen? Por la salud del país y la seguridad de las mujeres debe dejar de lado el rollo y ponerse a trabajar. ¡Hace diez años! Digo.
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