Por medio de las presentes líneas solicito una anticipada y rendida disculpa a mis muy estimados lectores, por reiterar el tópico de la narco-política, el motivo de ello es considerarlo substancialmente importante para nuestro México, los conceptos machacadamente expresados por la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., y por quien esto escribe, resultan ser nuestra forma muy particular de pensar, con ello se busca el que se sepa la verdad y se provea justicia, son agudos conceptos que hace mucho tiempo no se quieren escuchar en el ámbito político.
Recuerdo que en el ayer, en circunstancias parecidas, no se puso atención a aquella denuncia formulada para enaltecer los principios torales que sustentan nuestra Carta Magna, esa denuncia se efectuó durante la época del neoliberalismo, mediante un suplicatorio de justicia para que se indagara la conducta de un altísimo servidor público, político y delincuente, en razón de aquellas actividades delictivas con las que se crearon alianzas con la delincuencia organizada para “institucionalizar” el fenómeno del narcotráfico.
Olvidando aquella denuncia, para retomarla con posterioridad, ahora digamos:
Alrededor de los recintos de justicia, existen posiciones que son, en realidad, especialidades dentro de la abogacía. A saber y, sólo se mencionará una de ellas, que es el criterio que en su momento pueda sostener el órgano de investigación, acusación o representación social. Su misión es indagar las conductas delictivas y solicitar en su caso la sanción correspondiente, ello representando el bien público y defendiendo la legalidad, como reza su Estatuto.
Tanto en el concepto popular como en la realidad jurídica la función que caracteriza más y mejor a los fiscales es la probidad. Pero en la época del neoliberalismo y en la época actual, por desgracia muchos carecen de esa virtud.
Sin embargo, a nadie le parece importante ello, ni el Poder Ejecutivo, ni la Fiscalía General de la República se han preocupado de ello, parecen consentir la ilegalidad, irracionalidad, impudicia e ignorancia en la aplicación de la ley. De ahí que no tengan el buen prestigio que muy añejo llegaron a tener.
En las grandes democracias y, México la merece tener, se hace un notable esfuerzo para proveer justicia en todos los casos, sin afectar la dignidad institucional. Pero cuando nos distanciamos de ello, la figura del ministerio público se pierde, como se perdió en la época del neoliberalismo y se continúa en la actual.
La Fiscalía General de la República merece recuperar la dignidad perdida y para ello, sólo tiene que actuar con la decencia y probidad, indagando a ese narco-político y en caso de encontrar acreditada su responsabilidad penal encarcelándolo.
Hasta aquí se llega hoy en esa insistencia machacada.
Es cuanto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de
Derecho Penal del Colegio de Abogdos de México, A.C..
