“La traición supone una cobardía y una depravación detestable”: Barón de Holbach
• Visiones confrontadas
• AMLO acusa a EPN de “traición a la Patria”
• Peña Nieto dice “actualizar” la Constitución
• Reformas cancelan derechos constitucionales
• México: libertades y democracia restringidas
• Abierta entrega del patrimonio nacional a IP
• Congreso Popular deroga reforma energética
Febrero 5, 2014.- Dos eventos tuvieron lugar el día de ayer que dan una clara muestra de lo diferente de las visiones que se tienen sobre lo que debe hacerse en el presente, en beneficio tanto del país como de sus habitantes, y cuáles son los renglones que pueden señalar que existe un futuro en mejores condiciones, tanto económicas como políticas y ni qué decir en lo que se refiere a la aplicación y respeto a las leyes. Por una parte, está la ceremonia anual de la promulgación de la Carta Magna que se lleva a cabo en el Teatro de la República, en Querétaro, desde hace décadas. Por la otra, aparece el único líder opositor real, Andrés Manuel López Obrador, en el inmueble que alberga a la PGR para presentar una denuncia en contra del Ejecutivo Federal por “traición a la patria”. Los pronunciamientos por ende, son totalmente distintos.
En su discurso, Enrique Peña Nieto hizo remembranzas de las circunstancias y los momentos que rodeaban a los Constituyentes en los años anteriores al 5 de febrero de 1917. A partir de ahí, señala que la ley suprema es “nuestra guía, el programa fundamental que orienta todas las acciones del gobierno de la República”. Habla entonces de las libertades de las personas, de la seguridad en la tenencia de la tierra, los derechos de los trabajadores, así como la democracia, de los que dice son principios que se deben preservar y ampliar cada día.
Es entonces cuando se advierte que ya no hay libertad para los ciudadanos, porque estamos secuestrados por las bandas de delincuentes y se han cancelado renglones que permitían este postulado. Ni que decir de las reformas al 127 y la entrega de las mejores tierras ya no sólo a terratenientes sino a extranjeros, con la posibilidad de escriturar las playas y las zonas limítrofes alterando renglones básicos de la seguridad nacional. Los derechos de los trabajadores, con la reforma laboral quedaron cancelados y la democracia no se practica ni siquiera al interior de los partidos y de las organizaciones políticas que son vistas ya como franquicias que rinden excelentes dividendos.
Abordó el renglón de los derechos humanos aún y cuando las críticas por las permanentes violaciones ya proceden del exterior y son expuestas por organismos internacionales de gran prestigio. Al referirse a las reformas constitucionales aprobadas durante su mandato, establece que la educativa marca el derecho de niños y jóvenes a una educación de calidad y no puede uno menos que preguntarse ¿cuál calidad si se carece hasta del programa educativo de educación básica? Por si fuera poco, quedó cancelada la prueba Enlace por el supuesto de grados altísimos de desviaciones y corrupción. Si éste examen es aplicado a los alumnos y tengan los conocimientos suficientes o carezcan de ellos la SEP obliga a los maestros a pasarlos de grado. ¿Es cierto ese argumento que evita las evaluaciones? ¿Será que lo corrupto proviene de la adquisición de estos materiales en el extranjero?
Sobre las telecomunicaciones aseguró que se amplía la libertad de expresión, así como los derechos a la información y de acceso a las tecnologías de la información y comunicación incluyendo el derecho a la banda ancha e Internet. Los medios electrónicos, se ha visto y escuchado, han conformado grupos de gran poder que incluso han logrado curules tanto en la cámara de Diputados como en el Senado de la República; ya cuentan las televisoras con gobernadores y no puede negarse que fue la televisión, el más fuerte consorcio, el que anunció cinco años antes que el futuro Ejecutivo Federal sería Enrique Peña Nieto, por lo que esa ampliación de libertad de expresión no es cierta y mucho menos se asienta el derecho de la banda ancha cuando precisamente las telecomunicaciones y los negocios que esto representa fue uno de los motivos que llevó al cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. ¿Internet?, ya es burla, en las carreteras se queda uno sin señal telefónica!!
En lo que respecta a la reforma político-electoral, pronto olvidó Peña Nieto su promesa de cancelar 200 curules o por lo menos 100 de las plurinominales y, para ganar simpatías del sexo femenino, ofertó y le autorizaron el 50 por ciento de las posiciones para este género, sin que se tocara jamás la experiencia, salud, capacidad, conocimientos, muestras de desear encontrarse en el servicio público con el afán de generar bienestar a los ciudadanos y sin siquiera hacer un breve examen sobre sus conceptos de patriotismo. La que se refiere a transparencia no ocupó un gran espacio debido a lo delicado de hablar de un tema que se viola permanentemente. Eso sí se aplaude la creación del INE que sustituye al IFE y garantiza el centralismo de las decisiones.
Por lo que se refiere a la Hacendaria, se evitó hablar de los incrementos tributarios y de los amparos promovidos por empresarios fronterizos en contra de la homologación del IVA, y menos aún hubo referencia a las alteraciones a los pequeños y medianos comerciantes, fabricantes, inversionistas. De eso, nada, sólo el renglón de lucimiento, la pensión universal para mayores de 65 años y un seguro de desempleo para trabajadores formales, y ello a sabiendas de que ninguno de estos dos renglones aparece en el Presupuesto de Egresos del presente año por lo que su puesta en marcha todavía está en veremos.
Aunque ninguno de estos dos resulta suficiente ya que están condicionados: el seguro de desempleo para trabajadores formales y por lo que toda a las pensiones, hubiese sido de reconocimiento una regulación sobre las AFORES y la información sobre el destino de cada peso que aplican los bancos, así como la eliminación de comisiones sobre un dinero que no se mueve y que les permite a estas instituciones la realización de operaciones que les generan cuantiosas ganancias con dinero ajeno, mismo que desaparecen mágicamente apoyados en el renglón que les permite inversiones de alto riesgo sin necesidad de aprobación del depositante.
Aunque este 5 de febrero, la fuerte, como lo ha sido desde la llegada del mexiquense a Los Pinos, es la reforma energética de la que asegura se fortalecen los ingresos del Estado contribuyendo a que éste pueda hacer efectivo los derechos fundamentales de los mexicanos. Agregó que en paralelo se eleva a rango constitucional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía y se crea el Fondo Mexicano del Petróleo. Sostuvo lo que ya se conocía: “el Estado ahora tendrá la posibilidad de establecer contratos de utilidad compartida, producción compartida o licencias que incrementarán las inversiones en el sector, asegurando la soberanía energética y la competitividad de nuestra economía”.
Al respecto, seguramente que no le informaron a Peña Nieto que el contrato de servicios para la exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos al que le aplicaron el número 424102854 firmado entre Pemex Exploración y Producción y la Compañía Petrolera de Altamira y Cheiron Holdings Limited, marca en su cláusula 10 que “no estarán sujetos a aprobación por parte de PEMEX, ni las especificaciones técnicas ni el diseño y atributos de los pozos petroleros”. Tampoco estarán sujetos a la aprobación de la paraestatal “la ingeniería, el diseño, la construcción de instalaciones de recolección y producción en el área a que se refiere dicho contrato, ni las propuestas para las operaciones de los pozos e instalaciones de recolección y producción”.
¿Esa es la regulación que garantiza soberanía, que mantiene el argumentos de mejoras económicas y empleos o ¿solamente es un “¡pásenle señores y sírvanse a placer con el patrimonio de los mexicanos!”? Según el diario La Jornada, hay idénticos términos en otros contratos como el 424102855 entre la misma área de Pemex y las empresas: Oleorey, Monclova Pirineos Gas y Alfasid del Norte en donde además advierten que todos esos renglones son “responsabilidad exclusiva del contratista” y, a manera de burla agregan: “para que Pemex se beneficie con la tecnología”.
Lo mismo sucede con el 425021851 de Profac México; con el que termina en 852 con Schlumberger Production México. Con el 424102853 con Petro-SPM Integrated Services y Dowell Schlumberger de México. Todos estos contratos fueron signados en 2012 y los primeros días del 2013 y pueden ser prorrogables hasta por 30 años. La constitución de las empresas mencionadas ha ocurrido lo mismo en las Islas Vírgenes Británicas justo en el año en el que firmaron los contratos que en territorio nacional.
Así las cosas, el paseo del ataúd que cargó el ex diputado federal Gerardo Fernández Noroña, tuvo, sin duda, su gran mensaje.
EL OTRO LADO DE LA MONEDA
Al tiempo que se llevaba a cabo la ceremonia de conmemoración de la Carta Magna en Querétaro, en la capital de la República, Andrés Manuel López Obrador se presentaba en el inmueble de la PGR para entregar una denuncia en contra de Enrique Peña Nieto por “traición a la Patria”. Al referir las pruebas que ofrecen en contra del Ejecutivo Federal, sostuvo que antes de asumir el cargo el mexiquense ya había realizado negociaciones con funcionarios del gobierno de EU para acordar, pactar, la entrega del petróleo a empresas extranjeras. La fechas de los contratos, por el momento, refieren a que estos se firmaron antes de que tuviera lugar la reforma energética.
Sostuvo el tabasqueño que las reformas a los artículos, 25, 27 y 28 se pactaron fuera del país, en Washington y Londres, para luego implementar los instrumentos de control y de manipulación. Las reformas, agregó, se llevaron a cabo sin consultar a los ciudadanos, “para entregar los recursos naturales, para entregar el petróleo, para compartir las utilidades, las ganancias como cínicamente lo aseguran con las empresas, con las corporaciones petroleras extranjeras”. Sabemos, dijo, que “la Procuraduría está al servicio de la mafia del poder, de la banda de malhechores, que mal gobierna nuestro país, pero estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad como ciudadanos”. O sea, que no habrá progreso alguno para el documento y mucho menos habrá investigaciones.
Sostuvo con gran esperanza que habrá cambios y que cuando esto suceda se van a abolir las reformas, tanto la energética como la fiscal. El ex jefe de gobierno del DF también sostuvo que se puede acudir a las instancias internacionales. El mensaje fue breve ya que indicó que por prescripción médica no podía seguir hablando. La denuncia fue entregada por Bernardo Bátiz en su carácter de representante legal de MORENA y por Martí Batres como presidente del CEN de esa organización.
Paralelamente, académicos, periodistas y artistas, formaron un Congreso Popular al pie del Monumento a la Revolución en donde derogaron la reforma energética publicada el 20 de diciembre próximo pasado. En la exposición de motivos advierten que hubo ilegalidades en su aprobación, que es una modificación fundamental del régimen constitucional y que ese tipo de cambios corresponderían al constituyente originario y no al permanente. Independientemente de esta derogación a los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, hicieron un llamado a diferentes acciones de resistencia civil que iniciarían el 18 de marzo, fecha en la que se conmemora la expropiación petrolera. Los 2 mil asistentes se comprometieron a respaldar y cumplir con las determinaciones que se adopten.
MAL Y DE MALAS
A la administración federal actual ya le resulta imposible detener la información que fluye de sus propias oficinas y que revela la realidad del México actual. El INEGI reporta que la confianza del consumidor ha caído en un 15.5 por ciento y que la situación económica dentro de los hogares se redujo en un 9.9 por ciento. Por si fuera poco el descenso de la situación económica del país llegó al 19.7 por ciento; la percepción de los consumidores sobre ésta bajo el 18 por ciento.
Por su parte, el Índice de Confianza Empresarial Manufacturero también se derrumbó un 0.72 por ciento y prácticamente está en calidad de reprobado al presentar un 50.6 por ciento de calificación, lo cual advierte que con ese 0.6 se encuentra en el umbral que marca el límite entre la confianza y la desconfianza. Estos datos superan en la baja a los del 2010 y contrastan abiertamente con los registrados durante el primer mes del año, cuando aún se contaba con la esperanza de un gobierno diferente.
Habrá que agregar a lo anterior la caída de un 7 por ciento en las ventas como consecuencia de los nuevos impuestos en botanas, en refrescos, en panecillos y hasta en el alimento para los animales, lo cual ha propiciado cambios de marcas, presentaciones diferentes y hasta contrabando hormiga. Y si bien se informa conservadoramente sobre este derrumbe comercial, otros reportes señalan que en la cuesta de enero llegó al 15 por ciento la reducción de compras. Se han visto alterados los precios de cerca de 20 productos de la canasta básica que nada tenían que ver con los aumentos tributarios.
Eso sí se presume el que Moody”s elevara su calificación a México. Para festejar, ¿no cree Usted?
DE LOS PASILLOS
En materia de justicia, en el país sigue imperando la ley del poderoso, con un postulado máximo que podría denominarse: “la ley y el castigo para los menesterosos, la impunidad para los poderosos”. Y los ejemplos se multiplican, pero sólo nos ocuparemos de dos: el primero se refiere a datos oficiales del sistema penitenciario que dan cuenta de que más de 6 mil de los 41 mil reos en el Distrito Federal se encuentran privados de su libertad por “robos famélicos”, es decir, son reos del hambre, que se vieron obligados a quebrantar la ley ante la falta de oportunidades para conseguir trabajo y por la necesidad de proveer alimentos a sus hijos.
Del otro lado de la moneda se encuentra la impunidad de la que gozan ex gobernadores como el de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, a quien el Juzgado Tercero de Distrito determinó otorgar un amparo definitivo por el caso de la venta de terrenos propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real, por lo que ya no podrá ser detenido por este escandaloso fraude, ni por el de la supuesta compra fantasma de un tomógrafo por valor de 14 millones de pesos.
Otro caso en el que prevalece la impunidad es la resolución judicial que dejó libres a dos ex trabajadoras del IMSS, por lo que padres de la víctimas del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niños, apelaron dicha determinación que dejó en libertad a Irma Crecencia Díaz Gómez y a Delia Irene Botello Amante, ex funcionarias del Seguro Social. Aquí cabe resaltar que ni por equivocación se les siguió proceso al entonces director general del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, protegido por el gobierno de Felipe Calderón, y al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours.
Una vez más y sin que se señale a los responsables, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro (Consar) reportó que en el primer mes de 2014, los fondos de pensiones de los trabajadores mexicanos resintieron una caída de 2 mil 455 millones de pesos, respecto del cierre del año pasado. Así, simplemente y como por arte de magia, los recursos ahorrados por los trabajadores mexicanos se esfumaron, sin que se identifique a un sólo responsable de este saqueo que bien se pude calificar de asalto en despoblado. Las Administradoras de los Fondos para el Retiro (Afores) disponen con absoluta impunidad de cuantiosos recursos económicos de los trabajadores sin que haya autoridad alguna que los meta en cintura y que los sancione ante esa desaparición millonaria de dinero ahorrado por los mexicanos.
La Secretaría de Salud propuso aumentar 3.97 por ciento las cuotas del Seguro Popular para 2014, mismas que se han mantenido sin aumento desde 2008. De aprobarse la medida se destinaría a ese seguro, cuya eficacia sigue a discusión, un porcentaje mayor al aumento a los minisalarios determinado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y por si fuera poco, la argumentación para aumentar dichas cuotas es el aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, es decir la inflación que ha golpeado con singular fuerza a los trabajadores al arrancar este año.
Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de los periódicos veracruzanos Notisur y Liberal del Sur, fue secuestrado ayer por la mañana por un comando armado a las afueras de su domicilio en el puerto de Coatzacoalcos. Directivos de los medios en los que labora emitieron una alerta para dar con su paradero. En ese puerto, periodistas iniciaron protestas para demandar a las autoridades judiciales la localización de Jiménez de la Cruz, de 42 años.
Representantes de la Asociación de Periodistas de Coatzacoalcos y periodistas independientes efectuaron marchas y plantones para exigir seguridad y protección a los representantes de los medios de comunicación. Sobre este caso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que inició de oficio una investigación por la desaparición del periodista veracruzano. La CNDH recordó que de 2000 a la fecha, ha tenido conocimiento de los casos relacionados con la muerte de 87 periodistas o trabajadores del sector periodístico, asesinados, presumiblemente, por razón de su trabajo; asimismo, de 2005 a la fecha se han registrado 21 casos de periodistas desaparecidos.
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