El gobierno de EE. UU. restringirá el uso de herramientas comerciales de software espía que se han utilizado para vigilar a activistas de derechos humanos, periodistas y disidentes en todo el mundo, según una orden ejecutiva emitida el lunes por el presidente Joe Biden.
La orden responde a las crecientes preocupaciones de los EE. UU. y del mundo sobre los programas que pueden capturar mensajes de texto y otros datos de teléfonos celulares. Algunos programas, los llamados exploits de «clic cero», pueden infectar un teléfono sin que el usuario haga clic en un enlace malicioso.
Se sabe que los gobiernos de todo el mundo, incluido el de EE. UU., recopilan grandes cantidades de datos con fines de inteligencia y aplicación de la ley, incluidas las comunicaciones de sus propios ciudadanos. La proliferación de software espía comercial ha hecho que las herramientas poderosas estén disponibles recientemente para los países más pequeños, pero también ha creado lo que investigadores y activistas de derechos humanos advierten que son oportunidades para el abuso y la represión.
La Casa Blanca emitió la orden ejecutiva antes de su segunda cumbre por la democracia esta semana. La orden «demuestra el liderazgo y el compromiso de Estados Unidos en el avance de la tecnología para la democracia, incluso al contrarrestar el uso indebido del software espía comercial y otras tecnologías de vigilancia», dijo la Casa Blanca en un comunicado.
La orden de Biden, anunciada como una prohibición del uso de spyware comercial “que presenta riesgos para la seguridad nacional”, permite algunas excepciones.
La orden requerirá que el jefe de cualquier agencia estadounidense que utilice programas comerciales certifique que el programa no representa una contrainteligencia significativa u otro riesgo de seguridad, dijo un alto funcionario de la administración.
Entre los factores que se utilizarán para determinar el nivel de riesgo de seguridad está si un actor extranjero ha utilizado el programa para monitorear a ciudadanos estadounidenses sin autorización legal o vigilar a activistas de derechos humanos y otros disidentes.
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