Expertos desmienten a Sheinbaum: La prisión preventiva oficiosa y sus implicaciones legales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha sido acusada de desinformar al afirmar que la prisión preventiva oficiosa no implica encarcelar a personas sin pruebas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum defendió esta medida cautelar, asegurando que «la Fiscalía tiene que aportar pruebas» para que alguien sea encarcelado.

Sin embargo, expertos en derecho penal han cuestionado esta afirmación. Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explicó que la prisión preventiva oficiosa se activa desde la vinculación a proceso, lo que significa que una persona puede ser encarcelada basándose únicamente en la suposición de que cometió un delito, sin que se hayan presentado pruebas contundentes en su contra. “La fiscalía no ha probado que la persona haya cometido el delito”, agregó.

La controversia surge en el contexto de una iniciativa para ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva en el país. Aunque el partido Morena eliminó el narcomenudeo de la lista de delitos graves, la discusión sobre la efectividad y la legalidad de la prisión preventiva oficiosa sigue siendo un tema candente.

La prisión preventiva es una medida cautelar establecida en el artículo 19 de la Constitución mexicana y permite el encarcelamiento automático de personas acusadas de ciertos delitos, sin necesidad de un juicio previo.

Esta figura ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y expertos legales, quienes argumentan que vulnera el principio de presunción de inocencia y puede llevar a abusos por parte del sistema judicial.

Sheinbaum, al defender la reforma, parece ignorar las preocupaciones sobre cómo esta medida afecta a miles de personas en prisión sin una condena firme.

Actualmente, se estima que alrededor del 39% de los encarcelados en México están bajo prisión preventiva oficiosa, lo que representa una carga significativa para el sistema penitenciario.

Las declaraciones de Sheinbaum han generado reacciones negativas entre los defensores de derechos humanos, quienes consideran que su postura no solo es errónea sino también peligrosa para el estado de derecho en México.

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