Un juez de control ha vinculado a proceso a María Angélica Martínez Reyes, exservidora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por su probable participación en delitos contra la administración de justicia y uso de documentos públicos falsos.
La decisión se tomó tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que la señala por favorecer indebidamente a la empresa Juni Serra, presuntamente ligada al político Ricardo Anaya.
La indagatoria revela que Martínez Reyes emitió una resolución apócrifa que afirmaba que Juni Serra había desvirtuado la presunción de facturación de operaciones simuladas. Sin embargo, existía una resolución verídica que indicaba lo contrario.
A pesar de esta información, la exservidora del SAT autorizó y notificó la resolución falsa, beneficiando a la empresa en detrimento de los intereses fiscales del país.
El caso se agrava con el hecho de que Juni Serra está involucrada en la compra simulada de una propiedad en Querétaro por un monto de 54 millones de pesos. Este escándalo ha llamado la atención no solo por las implicaciones legales, sino también por las conexiones políticas que podrían estar en juego.
El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria, lo que permitirá a la FGR reunir más pruebas y testimonios sobre el caso. La vinculación a proceso de Martínez Reyes resalta las preocupaciones sobre la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales y el uso indebido del poder.
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