La Fiscalía General de la República (FGR) cateó en la Ciudad de México una bodega arrendada por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se encuentra procesado por huachicol fiscal, y aseguró armas sin registro, objetos de lujo y documentos de seguridad nacional clasificados como reservados y confidenciales.
Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, informó que en el inmueble también fueron localizadas listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y archivos de altos mandos de la Secretaría de Marina. La funcionaria no precisó cuándo ni en qué punto de la capital del país se realizó el operativo.
Farías Laguna permanece preso en el Penal del Altiplano. Según la investigación de la Fiscalía, él y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, habrían encabezado una red relacionada con el contrabando de hidrocarburos y con la intervención en movimientos de personal dentro de las aduanas y la Marina.
“De acuerdo con datos de prueba convincentes, mismos que están siendo ya valorados por el Poder Judicial, cuando el Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’, conocidos como ‘Los Primos’, cuyos cómplices intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal dentro de las aduanas marítimas, la Administración Nacional de Aduanas de México y la propia Secretaría de Marina. Roberto N, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, señaló Godoy en un mensaje difundido por la cuenta de X de la Fiscalía.
La fiscal agregó: “Y como resultado del cateo de una bodega que Roberto ‘N’ arrendaba en la capital del país, se encontraron además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y altos mandos de la institución, documentación de seguridad nacional clasificada como reservada y confidencial y armas sin el debido registro”.
De acuerdo con la Fiscalía, la presunta estructura utilizaba buques cargados con hidrocarburos que zarpaban principalmente desde Texas. La mercancía era declarada como aceite o aditivo para modificar su tratamiento fiscal, mientras servidores públicos y agentes aduanales presuntamente coludidos recibían pagos para permitir el paso de los cargamentos.
“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que presuntamente participaron Manuel Roberto ‘N’, Fernando ‘N’ y sus cómplices”, señaló Godoy.
La FGR identificó operaciones relacionadas con la misma red en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México. Además, continúa el rastreo de accionistas, apoderados legales y enlaces involucrados en las distintas etapas de la operación.
Godoy indicó que las inspecciones aduaneras a las embarcaciones presuntamente eran simuladas. La estructura habría garantizado muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados y otras maniobras para liberar el combustible sin una revisión efectiva.
La investigación también señala que la red habría establecido calendarios para el arribo de embarcaciones con el objetivo de desactivar cámaras e impedir que quedara registro de las descargas. Después, el combustible era distribuido mediante tres empresas legalmente constituidas, mientras una red de compañías fachada y triangulaciones financieras presuntamente daba apariencia legítima a los recursos obtenidos.
La titular de la FGR calificó el caso de los hermanos Farías como una de las estructuras de corrupción más sofisticadas enfrentadas por el país en el combate al contrabando de combustible.
La funcionaria recordó que la investigación se originó en información proporcionada en 2024 por el almirante Rafael Ojeda al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero, sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
“La red criminal que en 2024 fue denunciada por el Almirante Rafael Ojeda al doctor Alejandro Gertz Manero, a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval… fue el origen que nos permitió conducir investigaciones”, dijo.
Las indagatorias avanzaron con el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el buque Challenge Procyon, en la Aduana de Altamira, Tamaulipas, en marzo de 2024. Según la FGR, ese caso permitió establecer que detrás de la operación no habría actuado un contrabandista individual, sino una estructura encargada de importar, trasladar, almacenar y distribuir el hidrocarburo.
Godoy reconoció al secretario de Marina, Raymundo Morales, por el seguimiento de las investigaciones, así como a Rafael Ojeda, tío político de los hermanos Farías, por haber informado los hechos al entonces titular de la FGR.
“Subrayo aquí que una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionan la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. Muestra de eso es que el actual Secretario, el Almirante Raymundo Morales Ángeles, ha estado muy atento al seguimiento de las investigaciones. La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado; quien use un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, tiene que responder ante la justicia”.
La fiscal señaló que el contrabando de hidrocarburos constituye un delito que afecta a las empresas del Estado y desvía recursos públicos destinados al bienestar de la población.
