La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una red de 353 personas físicas y morales vinculadas al huachicol fiscal, en torno a la operación de la llamada huachi-refinería de Cadereyta, Nuevo León, una instalación clandestina que habría generado miles de millones de pesos mediante la venta ilegal de combustible, esto después de que Código Magenta lo expuso en sus dos investigaciones periodísticas.
De acuerdo con un oficio fechado el 24 de septiembre de 2025, la indagatoria —a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO)— incluye empresas transportistas, comercializadoras, firmas estadounidenses y agencias aduanales como parte de una estructura dedicada a simular operaciones y facilitar la distribución de diésel en el mercado negro.
En este contexto, los operadores de la refinería, Ezequiel González y Ramiro Gándara, ordenaron el desmantelamiento de la infraestructura, que llegó a producir hasta 10 mil barriles diarios y a generar más de 5 mil millones de pesos desde 2019.
El documento, firmado por el agente del Ministerio Público Jessar Gamaliel y dirigido a Edna Patricia Cepeda, titular del Centro Federal de Inteligencia Criminal, ubica como pieza clave a Mapror de Hidrocarburos SA de CV, señalada como empresa facturera al servicio de Energy Refinados, considerada el eje de la red.
Entre 2019 y 2026, Energy Refinados transfirió más de 154 millones de pesos a Mapror, como parte de operaciones para simular la venta de combustible. No obstante, esta firma sería solo uno de los eslabones de una estructura más amplia que involucra a al menos seis compañías.
Registros fiscales refieren que Energy Refinados movilizó 688 millones de pesos a Comercializadora de Combustibles CMPA México; 1,500 millones a Reciclador e Óleo; 1,913 millones a Comercializadora de Petrolíferos CMPA México; 206 millones a Petro Servicios del Norte y 704 millones a casas de bolsa, recursos utilizados presuntamente para adquirir hidrocarburos en Estados Unidos sin permisos.
La investigación también menciona a empresas como Portacelis Oil and Gas, Ingemar SA de CV, Ikon Midstream LLC y Mefra Fletes, relacionadas con distintas etapas del trasiego de combustible.
Dentro de la indagatoria se señalan posibles vínculos políticos y financieros, incluyendo transferencias hacia Servicios y Premezclados Forte, donde participa Fernando Bilbao, y relaciones locales con Marcelo Flores, asociado a la estructura de Energy Refinados en Nuevo León.
En el plano operativo, la red utilizaba a Petro Servicios del Norte SA de CV, empresa con una flotilla de aproximadamente 300 pipas valuadas en 600 millones de pesos, para el transporte de combustible. Esta compañía obtuvo en 2024 un permiso oficial de transporte por 14 años.
Las fuentes de suministro de crudo también forman parte de las investigaciones. Entre ellas se encuentra la red de Joaquín “El Chimuelo” Arzate, así como grupos en Tamaulipas y operadores vinculados a César Morfín, “El Primito”, sancionado por autoridades estadounidenses en 2025.
El 29 de mayo de 2026, autoridades federales aseguraron más de un millón de litros de combustible clandestino en un predio cercano a la refinería, como parte de operativos relacionados con estas redes.
El caso ha generado atención internacional. Autoridades de Estados Unidos han identificado el huachicol fiscal como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, y recientemente impulsaron iniciativas para reforzar el combate al contrabando de hidrocarburos hacia México.
La investigación de la FGR continúa en desarrollo, mientras se analizan las conexiones financieras, empresariales y operativas que sostuvieron la actividad de la refinería clandestina en Nuevo León.
