La Fiscalía General de la República (FGR) no logró localizar al exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán para entregarle un citatorio como testigo en la audiencia de vinculación a proceso del contralmirante Fernando Farías Laguna.
La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega había girado desde el viernes pasado la notificación, a petición de la defensa, para que Ojeda compareciera el miércoles por la mañana en la sala de audiencias del Centro de Justicia.
Epigmenio Mendieta, abogado de Fernando Farías, señaló que solicitó la presencia del exsecretario como uno de los medios de prueba y que proporcionó a la Fiscalía su domicilio actual, sin que pudiera ser ubicado.
“Es parte de lo que nos pidieron, que también tuviéramos la reserva, es que yo pedí que se citara y que estuviera aquí presente (Ojeda). Esa asignación la hizo la FGR, pero resulta que no lo localiza. Nadie sabe dónde vive ahora”, dijo en entrevista.
De acuerdo con Mendieta, la eventual comparecencia de Ojeda también fue considerada entre los argumentos para que las audiencias de imputación y vinculación a proceso del contralmirante fueran privadas.
“Fue uno de los medios de prueba que solicité para que estuviera presente. Parte del argumento que utilizó la jueza en ese momento para que la audiencia fuera cerrada y que no hiciéramos ninguna declaración, es que efectivamente iba a comparecer un funcionario de esa naturaleza. Hoy estoy en condiciones de poderlo documentar porque la audiencia ya se cerró y están resolviendo en este momento”.
La defensa ya había intentado anteriormente interrogar al exsecretario de Marina por el caso de sus sobrinos políticos, pero tampoco lo consiguió.
Ojeda ha sido señalado de haber protegido a sus sobrinos políticos, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, acusados de controlar el huachicol fiscal en las aduanas marítimas.
Mendieta indicó que los datos y medios de prueba presentados por la defensa buscan sostener que dos marinos de mandos medios no tenían capacidad para decidir sobre distintas secretarías de Estado con el propósito de operar el contrabando de combustible a gran escala.
