A diferencia de ciertas togas de indignidad de la Fiscalía General de la República, las togas de la abogacía perteneciente a la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., cuentan con un derecho sagrado que es el ser independientes, esa independencia, aunque se dude, es sólo nuestra y consecuentemente es patrimonio de todos los justipreciables que representamos.
Cuando invocamos el derecho de un mexicano para obtener justicia, es a nuestro cliente al que le debemos lealtad; la palabra del Foro Independiente de la República, es la palabra protectora de todos los derechos, siempre elevamos el tono de voz a favor del débil, del pobre, del ciudadano, de nuestro defenso.
La independencia de la abogacía de la República, es para los mexicanos un coto, un dique, un obstáculo en contra de los embates del poder de la arbitrariedad, de los abusos, de la ignorancia en la interpretación de la ley, de la violación de sus derechos, de la defensa contra las persecuciones injustas; nuestra independencia la mantenemos siempre y la hacemos respetar.
Hace ya varias décadas que nuestros queridos maestros de la Facultad de Derecho nos dijeron: “El Ministerio Público al estar encadenado al Poder Ejecutivo, no es un representante de la ley, es una falacia llamarlo así. Es un investigador representante del gobierno, que siempre antepondrá ciertas pretensiones, bufonadas y expresiones por encima de la ley”.
En los textos de cultura del derecho y concretamente en la obra “Governo e magistratura”, ensayo recogido en “Opere Guiridiche, Volumen II, Nápoles 1966, Página 202, se asentó la opinión de Piero Calamandrei al respecto, está así escrito: “Decir, por una parte, que la justicia es independiente de la política y, por otra, dar al gobierno la facultad de decidir, sobre la base de consideración política, si la justicia debe o no seguir su curso es tal contrasentido que no hace falta gastar muchas palabras para que salte a la vista su enormidad”.
Algunos letrados de perversión de la Fiscalía General de la Nación, lo antepuesto se niegan a entenderlo, persisten en mantenerse inactivos para dar continuidad a la protección del poder de la narcopolítica, con ello distorsionan todas aquellas posibilidades objetivas de independencia de nuestra justicia penal. Mientras Alejandro Gertz Manero siga dependiendo de los pensamientos de Andrés Manuel López Obrador, no velará por la independencia de la justicia, de la fiscalía, ello da génesis a una imparable ola de corrupción y desconocimiento en la aplicación de la norma, origina toda una inequidad para colaborar activamente a la degradación y extinción de nuestro Estado de Derecho y del sistema democrático que dice sostener la Cuarta Transformación de la República.
Hace ya muy pocas décadas lo dijo muy claro Don Raúl Jiménez O’farril: “La justica no obedece las ordenes del gobierno”. Lo que mal ocasiona el pensar del Fiscal General de la República con su efectiva subordinación al gobierno es trastocar y descontrolar el poder de Andrés Manuel López Obrador y consecuentemente vulnerar y pisotear el principio de legalidad, al que debería de estar sujeta su actuación. El Poder Ejecutivo no se encuentra exento de control jurídico. La justicia no admite territorios de inmunidad, ilegalidad, ignorancia y arbitrariedad e impunidad.
La independencia de nosotros los abogados, a diferencia de otras togas, se encuentra cuando difundimos que la Constitución está muy por encima de la caduca Fiscalía; nosotros si protegemos a México y a la Justicia contra las consignas injustificadas de dar abrazos y besos a la delincuencia. El Foro Independiente de la República jamás dejará de defender su postura de encarcelar a la narcopolítica. Nuestra independencia se encuentra en la espera de ese ideal.
Es cuanto
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
