Gobierno señala a seis empresas por contratos electorales de más de 2 mil 740 millones de pesos

El Gobierno de México presentó una investigación sobre una presunta red de seis empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, la cual obtuvo contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos con organismos electorales estatales entre 2015 y 2025.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, identificó a los hermanos como los principales integrantes de lo que el Gobierno denominó un “oligopolio empresarial”, con antecedentes desde la década de 1980.

La investigación relaciona con el esquema a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Según las autoridades federales, las compañías presuntamente aparentaban competir entre sí en procesos de contratación electoral.

Buenrostro informó que, entre 2015 y 2023, las empresas recibieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos de 23 de los 32 organismos públicos locales electorales del país. Entre 2024 y 2025 obtuvieron otros 646 millones de pesos mediante contrataciones con 15 organismos electorales estatales, durante el periodo en que Guadalupe Taddei ya encabezaba el Instituto Nacional Electoral.

La funcionaria señaló que revisiones del Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron movimientos que podrían corresponder a operaciones mediante empresas fachada. De acuerdo con su explicación, las compañías recibían recursos a través de contratos con autoridades públicas, los regresaban y posteriormente los dispersaban entre otras empresas.

Entre las irregularidades expuestas se encuentran compañías sin empleados registrados ni capacidad técnica aparente, domicilios y teléfonos compartidos, posibles prestanombres y transferencias a personas de entre 18 y 96 años de edad. Buenrostro agregó que los movimientos entre las sociedades presentan características asociadas con operaciones de lavado de dinero y empresas factureras.

La investigación también reportó vínculos familiares dentro de las compañías. Aunque José Alfredo Hernández Casillas ya no tendría el control directo de algunas empresas, sus hijos Raymundo y Tatiana Patricia Hernández participan en Corporativo ZEG, mientras que su esposa aparece relacionada con Seriplast.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el presunto esquema de irregularidades comenzara con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE en 2023. Sostuvo que las contrataciones cuestionadas tienen antecedentes de varias décadas y que cualquier acto ilegal debe ser revisado por la Auditoría Superior y la fiscalía.

Sheinbaum insistió en que las investigaciones deben considerar la trayectoria completa de las empresas y las relaciones de sus propietarios con funcionarios públicos y autoridades electorales desde los años noventa.

Según los antecedentes presentados por Buenrostro, José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas iniciaron su trayectoria en la administración pública en 1983, cuando trabajaron en el Registro Nacional de Población, bajo la dirección de Juan Carlos Padilla Aguilar. José Alfredo fue secretario de Padilla Aguilar y después lo acompañó cuando éste asumió la Secretaría General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Buenrostro explicó que Padilla Aguilar ocupó posteriormente cargos en el Gobierno del Estado de México y regresó a la administración federal en 2017 como delegado regional de la Secretaría de Gobernación. En 2022 encabezó actividades del Frente Cívico Nacional en el Estado de México y, de acuerdo con la información gubernamental, actualmente estaría vinculado con el partido Somos.

En 1999, los hermanos Hernández Casillas crearon Cartonera Plástica, empresa con la que comenzaron a participar en contrataciones electorales en el Estado de México. Para 2005, la compañía fue señalada por presuntas irregularidades y sobornos en torno a un contrato de aproximadamente 63 millones de pesos adjudicado por el Instituto Electoral del Estado de México.

Entre 2012 y 2013, las empresas vinculadas con los hermanos ampliaron sus operaciones mediante contrataciones con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo, antes de extender su presencia a otras entidades.