Eduardo Sadot
Imperceptiblemente, con sigilo algunas veces otras descaradamente hoy en México se libra una lucha contra la crítica, la libertad de expresión, la disidencia, la intolerancia de quienes piensen diferente, hasta contra la más sutil insinuación de divergencia de pensamiento.
El tema recurrente está en la pregunta de ¿Por qué callar a la crítica? a la disidencia. En México, recientemente hemos tenido cuatro casos – hay más desde luego, Mauleón, Ramos Padilla y más – que van desde la censura hasta el asesinato. Casos sonados y alarmantes e intentos de amordazar a la crítica y a la disidencia.
El primero se dio el 22 de mayo –queda para la historia – cuando Noroña, con una actitud prepotente, que podríamos calificar hasta de insolente, del señor Noroña, quien al sentirse ofendido en un lugar público, por el reclamo de un ciudadano, su tersa y delicada piel, no lo soportó y utilizó toda la fuerza del Senado de la República y, esto es del Estado, para demandar a un ciudadano, el abogado Carlos Velázquez de León – al que le debería tenerle más respeto por ser ciudadano y el otro tipo funcionario del senado – Le hizo sentir todo el peso del Estado, lo citó en el Senado, para humillarlo y hacerle sentir la fuerza del poder y la prepotencia del senador, de la manera más vil, ruin, abusiva, insolente y prepotente, bueno sin que nadie de MORENA dijera nada ¡se hicieron cómplices todos! en realidad evidenció con sus más bajos impulsos, tal como es, quizá lo aprendió desde la infancia.
El segundo caso fue en Campeche, donde la gobernadora la Layda Sansores, acusó y utilizó descarada y prepotentemente la fuerza de la fiscalía – que por cierto teóricamente no depende de ella – sin embargo, se usó para que detuvieran al ciudadano y periodista de Campeche Jorge Luis González Valdez tampoco dijo nada nadie de MORENA ¡otra vez cómplices!.
El tercer caso, fue la publicación y aprobación por parte del congreso del Estado de Puebla, de una iniciativa presentada por el gobernador Alejandro Armenta Mier – aparentemente estudió derecho, la iniciativa se establece ¡para proteger a funcionarios públicos cuestionados, para “regular el contenido en medios de comunicación y redes, incluyendo sanciones civiles y penales a periodistas, especialmente si se difunde información considerada falsa, por crear alarma o perturbar la paz social”, ello evoca la petición del Comité de huelga del 68 que solicitaba la derogación del articulo 15 y 145 bis “Se impondrá prisión de dos a doce años y multa a quienes, de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, realicen actos que perturben el orden público o inciten a la rebelión, sedición o motín contra la paz social” del código penal, que a consecuencia del 68 se derogó.
Hoy Armenta como buen poblano se erige émulo de Díaz Ordaz, la iniciativa – hoy aprobada – incluye mecanismos de defensa ¡de los funcionarios! – si hubiera estudiado derecho habría leído a Eduardo García de Enterría – pero además agregó en su iniciativa, el derecho de réplica obligatorio para funcionarios, protección a su vida privada, y prohibición de difundir “errores o falsedades” mecanismos que evidencian censura, control y castigo a quienes realizan críticas hacia la autoridad. De eso un líder sobreviviente del 68 como Pablo Gómez, tampoco ha dicho nada ¡también se ha hecho cómplice! Se le olvido cobrando ahora en el gobierno.
Ya teníamos otro antecedente, de la ministra de la suprema corte, que en otro país habrían obligado por ética, a renunciar al cargo, para garantizar la imparcialidad y ética de los juzgadores. Ella permaneció en el cargo y no obstante, eso, tuvo la osadía, de demandar al rector de la UNAM y al director de la facultad de Aragón de la UNAM por acusarla de plagio de su tesis. Todos estos casos, evidencian la actitud de quienes sustentan el poder, por ahora.
Esa actitud solamente se dio en los gobiernos de Hitler, Mussolini y Francisco Franco, y recientemente de Hugo Chávez y a Nicolás Maduro.
Si los mexicanos y los periodistas y el ciudadano en general no señala esto, no reclama, no se opone a cualquier actitud de censura, cuando los funcionarios no cumplen con su trabajo, porque la función del servidor público es resolver problemas que se presenta de acuerdo a sus a sus actividades y a sus responsabilidades, pero cuando es criticado es señalado, lo menos que puede hacer un servidor público, es aclararlo o callarse la boca, pero utilizar toda la fuerza del poder, en cualquier estado democrático, debiera ser razón suficiente para destituirlos por abuso de poder y después de su destitución fincarles responsabilidades. Obvio para eso querían controlar al Poder Judicial.
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