Hacer más de lo que se puede demostrar: el hallazgo del ICGU 2026

Vanessa Medina Armienta/Campus

El Índice Campus de Gobernanza Universitaria 2026 revela que muchas instituciones de educación superior ya actúan frente a la inteligencia artificial, pero aún enfrentan dificultades para documentar sus políticas, prácticas y mecanismos de evaluación. A partir de la participación de 22 instituciones, el ejercicio identifica una brecha entre lo que hacen y lo que pueden demostrar, y plantea una ruta para fortalecer su gobernanza.

Lo más difícil de dirigir el Índice Campus de Gobernanza Universitaria (ICGU) 2026 no fue puntuar. Fue pedir evidencia. Preguntarle a una universidad qué hace con la inteligencia artificial suele producir una respuesta. Pedirle el documento que la respalda es otra conversación.

El ICGU es el primer instrumento en México que mide la gobernanza de la inteligencia artificial en las instituciones de educación superior. Lo hace Campus Consulting · Suplemento Campus, estrategia e inteligencia institucional para la transformación de la educación superior, con FEMSA como Patrocinador Principal y con el respaldo de Santander.

En esta primera edición participaron 22 instituciones de 16 entidades, 9 públicas y 13 particulares. No ordena a las instituciones: es un espejo.

Un dato resume lo que vimos: 14 de las 22 tienen una política de IA vigente o en proceso de aprobación; sólo tres la aprobaron por un órgano colegiado. El promedio fue de 40.65 sobre 100, nivel En desarrollo, con siete instituciones en Inicio y siete en Avanzado.

El sector está muy disperso. Conviene una precisión: son instituciones que decidieron medirse, no una muestra del sistema completo, y las cifras se leen con esa advertencia.

El hallazgo central no es falta de iniciativa. Las instituciones hacen más de lo que pueden demostrar. La formación docente existe en casi todas, pero sólo cinco documentan a cuántos docentes llega. Sólo seis evalúan si sus medidas de integridad académica funcionan.

Identificamos seis maneras de estar a mitad del camino, y tres bastan para entender la lógica.

La primera es la práctica sin registro: el comité que sesiona sin acta, el curso sin constancia de quién lo toma. La segunda es la norma sin acto colegiado: hay un texto, pero no pasó por el órgano que lo respalda, y esa es la distancia entre 14 y tres.

La tercera es la operación que va adelante de la norma: en el aula ya se aplica un criterio y todavía no existe un instrumento aprobado que lo sostenga. En las tres hay trabajo real al que le falta respaldo.

Las otras tres, normativa heredada, capacidad que no se traslada y formalización por vía directiva, están en el informe sectorial de las páginas 04 y 05.

Hace dos semanas escribí que gobernar es decidir, antes de contratar una herramienta, qué se registra, para qué, por cuánto tiempo y quién lo ve. Este índice encontró la otra mitad del problema: instituciones que actúan y no dejan constancia de lo que hacen. Lo que no se documenta no se sostiene cuando cambian las personas, no se evalúa y no se mejora.

Hay un ejemplo en la protección de datos. Públicas y particulares viven bajo leyes distintas y, aun así, sus resultados casi coinciden: 41.1 y 43.1 de 100. Es la dimensión en la que ambos tipos de institución tienen una obligación legal específica de documentar. Donde una norma exige dejar constancia, la diferencia entre unas y otras casi desaparece.

Medirse cuesta. Las instituciones participaron de forma voluntaria y gratuita, y aun así les solicitamos documentos, no declaraciones. El documento no es una sospecha: es lo único que permite que el espejo refleje algo.

El proceso incluyó cuestionario institucional, revisión documental, entrevistas de validación en la mayoría de los casos y un borrador con cinco días hábiles para que cada una hiciera observaciones de hecho.

Lo que más pesó fue reunir papeles de algo que ya se hacía. Varias instituciones descubrieron que daban por resueltos temas que no tenían por escrito, y esa conversación, la de qué existe en realidad, fue quizá la más útil del proceso. Uno de los ponentes del conversatorio lo resumió así: «Tuvimos que revisar aspectos que suponíamos resueltos».

También hubo un tropiezo que prefiero contar. Algunas instituciones respondieron en todas las etapas; otras casi no interactuaron, y eso se refleja en sus resultados, porque el índice sólo puede reconocer lo que está documentado.

Distinguir entre lo que una institución no hace y lo que no alcanzó a documentar es una pregunta que vale la pena explorar en la próxima edición.

El lunes, en el foro de presentación, hubo 125 registros y 92 asistentes, una tasa de asistencia de 74 por ciento, con participantes de cinco países. Se registraron más de 30 instituciones que no formaron parte del índice, y alguien preguntó si las hojas de ruta se publicarían para quienes quieren empezar. Esa pregunta dice más que cualquier promedio.

Para quien quiere empezar, hay un primer paso modesto. Antes de redactar una política, conviene reunir lo que ya existe: qué comités sesionan y dejan acta, quién tomó cada curso, qué criterio se aplica en el aula y quién lo aprobó. Es menos vistoso que anunciar una política. Es también lo que permite que todo lo demás sobreviva a un cambio de rectoría.