Redacción MX Político.- “Una reforma electoral ¿para qué?”, pregunta el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD), agrupación fundada por José Wolbenberg y que, ante la inminente designación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y eventuales cambios legales, exige al gobierno de Andrés Manuel López Obador y Morena las premisas de pluralismo, proporcionalidad, imparcialidad, certeza y equidad.
“Frente el ímpetu del ‘cambio’ por el cambio mismo, pedimos análisis, ponderación, una evaluación pública de lo que debe modificarse, pero también de lo que se debe mantener porque ha sido, una y otra vez, probado en miles de comicios”, expone un boletín del IETD, que firma también Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del INE.
“El sistema electoral mexicano funciona, y el triunfo de Morena y su coalición es la prueba viviente de ese hecho. Mantener esa certeza pasa por garantizar los recursos suficientes para el proceso 2020-21 y dejar de utilizar el talismán de la ciega ‘austeridad’ como ariete contra el Instituto Nacional Electoral”, subraya, según informó Apro.
Añade: “Ninguna fuerza, ninguna mayoría tiene derecho a ajustar las reglas del juego democrático por sí sola y a su propia conveniencia, pues si algo hemos aprendido en el ciclo democrático de treinta años, es que las normas electorales, como ninguna otra, deben ser fruto del consenso de los actores que acuden al juego electoral.
“Y algo más: la nueva mayoría legislativa y el Ejecutivo Federal le deben al país entero una única muestra exigible de lealtad democrática: volver a competir con los mismos principios, criterios y reglas con las que llegaron al poder, ni más ni menos. Esa es la lealtad requerida en la nuestra, como en cualquier otra, genuina, democracia”.
Paisaje conflictivo
El documento del IETN, que preside Ricardo Becerra, lo firman también Salomón Chertorivski, exsecretario del gabinete de Miguel Angel Mancera; el panista Agustín Castilla, la exconsejera electoral Jacqueline Peschard, el académico Sergio López Ayllón y Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídica de la UNAM y exasesor de Wolbernberg.
Este grupo expone que México atraviesa por un pasaje conflictivo, extremadamente polarizado, cargado de problemas sin solución aparente, dentro de un escenario determinado por el estancamiento económico y una violencia social y criminal en una escala nunca vista.
“En esta coyuntura tan grave y delicada, que aconsejaría prudencia y búsqueda de acuerdos, sin embargo, tanto el gobierno como su coalición, siguen respondiendo con la divisa fija y única del cambio por el cambio mismo. Una fuga hacia delante”.
Añade que se propugna por una transformación –retóricamente, sin diagnósticos presentados con rigor, sin propiciar una deliberación pública cuidadosa, con improvisación y mucha prisa- tal como ya ha ocurrido en otros campos de la vida nacional y que afectan ya a los mexicanos.
“El ejemplo del sistema de salud es el más claro por dramático, pero la misma pauta impulsiva se repite en otros asuntos vitales, como la política de seguridad, la migratoria, la ambiental, la educativa o los derechos humanos. Más que una transformación, lo que presenciamos es el desmantelamiento sin fórmulas sólidas, viables, bien discutidas que mejoren o sustituyan aquello que con tanta facilidad se califica y se condena como viejo”.
“Y de ese modo apresurado se plantea ahora una nueva reforma electoral promovida en la agenda de la mayoría legislativa y que repite la pauta descrita más arriba, con ingredientes adicionales muy preocupantes:
“Se trata de un cambio electoral que por primera vez es exigido por la coalición triunfadora y no por la oposición. Todas las reformas democratizadoras de nuestro país han tenido como motivación esencial la incorporación de las demandas y las impugnaciones de la oposición, de las corrientes minoritarias para poner límites a la intervención gubernamental en las elecciones y construir un sistema equitativo. Paradójicamente, en esta ocasión, la exigencia de cambios a las reglas electorales viene precisamente de la mayoría en el gobierno.
“Los cambios que proponen y que son conocidos hasta ahora, no son nuevos. Por el contrario, son típicos de las agendas declaradas o promovidas por quienes han asumido el poder en las últimas décadas. Igual que los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto la lista de modificaciones conocida hasta hoy busca minar la autonomía política del órgano electoral (rotación del Presidente del INE y terminación anticipada del periodo de los Consejeros), reducir el pluralismo acortando la representación proporcional, atraer hacia el gobierno los datos biométricos del padrón electoral y cortar recursos a las oposiciones para restarles su capacidad competitiva.
Con variantes, se trata de agendas similares a las que se presentaron en sexenios pasados (minimizar la representación proporcional, restar prerrogativas a los partidos y entregar los datos personales contenidos en el padrón electoral al gobierno en turno, por ejemplo).
“No menos importante: en esta reforma no hay un para qué, tampoco se esgrimen valores democráticos ni razones fundamentales que sustenten ese cambio más allá del sacro mandamiento de ‘la austeridad’. Nos encontramos así, ante un planteamiento huérfano de argumentos y puramente instrumental”.
Debate racional
Por eso, añade el boletín, el IETD hace un llamado de atención a la opinión pública, al Congreso, a las instituciones electorales y a los partidos políticos, para exigir un debate racional y riguroso sobre los cambios y las continuidades necesarias para nuestra vida electoral y democrática.
“Para nosotros una reforma electoral –de ocurrir – debe tomar en cuenta el escenario que vivirá la política mexicana en el 2021: elegiremos –completa- a la Cámara de Diputados, a 15 gobernadores (la mitad del país), a 30 Congresos estatales y a mil 930 presidencias municipales. Se trata del reemplazo de poder político más importante en el México contemporáneo. Por ello no tiene ningún sentido improvisar, experimentar instituciones o procedimientos fraguados con prisa, para sustituir lo que ha probado su solvencia y eficacia.
Lo que está en juego, más allá de los cargos en sí mismos, es la convivencia pluralista, la competencia justa, la estabilidad política de la nación y sus conflictivos territorios. No obstante, la magnitud de la elección de 2021, debemos dotar también y urgentemente de un para qué, espíritu y sentido democrático a la reforma y ofrecer el diagnóstico público de los problemas centrales”, concluyó.
jvg
