El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) lanzó un enérgico llamado al diálogo y análisis tras el avance de la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca la desaparición de siete órganos autónomos, incluyendo al propio IFT. En un comunicado reciente, el instituto advirtió sobre los graves riesgos que esta medida representaría para los usuarios y la industria de telecomunicaciones en México.
Un regreso al pasado
El IFT subrayó que el dictamen aprobado por los diputados implica un retorno a un modelo institucional que ya ha mostrado serias limitaciones en el pasado. «El resurgimiento de un sistema que no garantiza acceso a más y mejores servicios es un grave retroceso», afirmó el organismo, alertando sobre las posibles consecuencias negativas de la reforma.
Desde su creación como órgano autónomo hace once años, el IFT ha jugado un papel crucial en la transformación del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en el país. «En este tiempo, los mexicanos han experimentado una reducción del 32.1% en los costos de los servicios de comunicaciones, a pesar del aumento de la inflación», destacó el instituto. Además, la penetración de internet en la población ha aumentado del 45% al 81.2%, lo que significa que 51 millones de personas más tienen acceso a la red en comparación con hace una década.
Beneficios tangibles para los usuarios
El IFT defendió su gestión y los beneficios que ha generado para los ciudadanos. En términos económicos, detalló que el instituto ha logrado ahorros para los usuarios equivalentes a 805 mil millones de pesos. «Por cada peso de presupuesto asignado al IFT, se han generado 44 pesos en beneficios sociales», aseguró. Además, destacó que desde su creación, ha contribuido con más de 180 mil millones de pesos en ingresos a la Hacienda Pública, mientras que su presupuesto total de 2014 a 2023 ha sido de 17 mil 752 millones de pesos, lo que demuestra su eficiencia en el uso de recursos públicos.
Preocupación internacional
La reforma, que también propone la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, ha encendido las alarmas entre inversionistas y gobiernos extranjeros. Embajadores de Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por las posibles repercusiones en la inversión y la estabilidad económica del país. Calificadoras internacionales como Fitch, y bancos como CitiBanamex y Morgan Stanley, también han advertido sobre los riesgos asociados con la aprobación de estas reformas.
Ante este panorama, el IFT hizo un llamado a generar espacios de diálogo efectivo que permitan un análisis profundo y serio de las implicaciones de la reforma. «Es fundamental discutir las consecuencias que esta medida podría tener no solo para el sector, sino para los millones de usuarios que se verían afectados», concluyó el instituto.
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