Con emoción ferviente, la Abogacía Independiente de la República, viene a rendir tributo, precisamente en éste espacio, –de homenaje y respeto—a nuestro Pacto Federal, y recordar el ejemplo que nos legaran los hombres y mujeres, que ofrendaron sus vidas al enfrentarse valientemente a las fuerzas enemigas del progreso de México, que lejos de estar vencidos, se pretenden fortalecer, por lo que como abogados republicanos necesitamos estar atentos en la defensa de nuestra Constitución Política y de nuestros ideales, para ser congruentes –en el próximo periodo de elecciones— de lo que significó y significa para nuestra Patria el contenido y espíritu de nuestra Carta Fundamental.
Primero que todo y antes que nada, deseamos referir como Academia de Derecho Penal que es de todos conocido la gran importancia y el valor que representa la justicia en el núcleo social en el que nos desenvolvemos, por lo que bien podemos afirmar que el trinomio Justicia-Constitución-México, es factor substancial en la paz social de nuestra República.
La justicia ha sido siempre en el devenir histórico y en la evolución que ha sufrido la República desde antes hasta la fecha, un factor primordial para el desenvolvimiento de la paz en nuestra Nación: La justicia como virtud conjuga en sí, no sólo su experiencia y los conocimientos jurídicos que se requieren para obtenerla, también conjuga bondad y ternura, lo que hace que el gobernado se sienta protegido en esta tierra de libertades y éste enlace es no solamente útil, sino altamente benéfico para obtener y asegurar la paz social.
La seguridad de la justicia en México constituye uno de los medios más eficaces definidos para una más justa distribución de la riqueza creada por el trabajo fecundo de los mexicanos, es un factor también de un nuevo ordenamiento de la confianza humana y constituye una manifestación siempre atenta y activa de la solidaridad que anima el progreso social del pueblo.
Para que todos esos postulados puedan arribar a buen puerto, resulta indispensable que quien procura justicia, impregnen en sus decisiones equidad e igualdad, con ello se mitigará el dolor que sufre y padece México por su falta de ella.
Y como algunos los académicos miembros de ésta organización profesional, estimamos como deber ser respetuoso de nuestras instituciones, cuando ellas lo merezcan, deseamos hacer saber a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, el deseo del pueblo que se ha despertado y está latente y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, en mi carácter de Presidente de la Academia de Derecho Penal, tengo a bien emitir las siguientes opiniones:
a).- No es de concederse, ni se concede a la Fiscalía General de la República ni un aplauso, ni un reconocimiento por la labor que desempeña en ésta Cuarta Transformación de la República.
b).- Se fundamenta ello en los siguientes argumentos.
Para los gobiernos emanados del voto popular el Ministerio Público es y debe ser, por definición, una institución de buena fe y hasta de equidad, entendida ésta como complemento y realización de la justicia.
Resulta medular lo expuesto en líneas a retro, pues dicha noción es el espíritu de los artículos 21 y 102 de nuestra Carta Magna, en cuanto a la acción jurídica y social del Ministerio Público, encargado exclusivo de procurar justicia.
Las acusaciones sistemáticas que en ésta Cuarta Transformación ha formulado en múltiples casos, exceptuando poco de ellos, resultan ser una remembranza inquisitorial muy ajena a las orientaciones de nuestro Derecho Penal vigente, en su gestión, al igual que en el neoliberalismo, está pasando a ser protector, al mismo tiempo de los intereses de la delincuencia del poder y de los intereses de la narcopolítica.
Por tal motivo se le ilustra en el hecho cierto que la Fiscalía General de la República debe cumplir con las funciones de institución reguladora de la procuración de justicia, mediante su colaboración a base de probidad, imparcialidad, conocimientos y cultura jurídica para obtenerla.
Esa función reguladora a la fecha es inexistente, así lo opinó el pueblo, y por desde luego ésta Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., por ello sus funciones como Fiscal resultan no sólo anárquicas, sino dispersas, difusas, borrosas, vagas, oscuras y ello conlleva a no ser benéfica sino perjudicial no sólo para México, sino para ésta Cuarta Transformación que Usted dice representar. También cabe afirmar y argumentar que sin responsabilidad, no hay fiscalía, que pueda realizar fines de verdadera utilidad para México y la Justicia.
Finalmente sólo me resta exponer y reiterar las palabras ya expuestas en diferente colaboración, mismas que resultan ser muy aplicables a la presente columna, la cuál se dirige a ciertos funcionarios que continúan siendo omisos en la aplicación de la norma, es por ello que hoy se las dedico a Alejandro Gertz Manero, en su calidad de Fiscal General de la República, aquí y ahora a todos ellos se les recuerda el pensamiento del Bastonero Payen, quien en su muy ilustrativa y egregia obra “Le barreau et la langue francaise”, nos recuerda lo expresado por D’aguesseau, quien exigía a fiscales y diversos servidores de la esfera de procuración e impartición de justicia excepcionales virtudes, una especie de santidad, al dirigirse a ellos siempre expresaba en un lenguaje formal y solemne contenido en sus mercuriales: “instruíos, ministros de la justicia” y a la par, por costumbre les indicaba la falta que observaba en aquellos impartidores de justicia quienes en ejercicio de sus respectivas funciones faltaban a la aplicabilidad de la ley.
En virtud de lo expuesto en líneas a retro, hoy con la mayor energía posible expresamos: Ilústrate Fiscal.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio de Abogados de México, A.C..
