La expresión jurídica contenida en las palabras “Imperio de la Ley”, como bien es sabido en Derecho, deviene de un origen anglosajón y supone una traducción literal o casi literal de la muy conocida voz inglesa “Rule of Law” que resulta ser el equivalente a -Estado de Derecho-, lo que hace más entendible la interpretación que se acaba de asentar. Son múltiples las togas que ponen de manifiesto la substancial diferencia existente entre el modelo constitucional de la lengua inglesa y la nacional. Nuestros jueces, resultan ser funcionarios públicos. En éste entendido constitucional a ellos se les exige una incondicional sumisión a nuestra Carga Magna, dado a ello no es factible dejar esa expresión de voluntad popular en manos de un poder diferente del judicial.
Es por ello inadmisible que en nuestra Norma Constitucional, se pretenda ahora la intromisión del Poder Ejecutivo en actos de estricta justicia. Lo que México exige es que se aplique e interprete la ley por jueces y magistrados que representen y defiendan nuestra Constitución Política. En definitiva que se sometan únicamente al imperio de la ley y que desde sus elevados sitiales apliquen criterios que otorguen una legitimación democrática.
La Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C., jamás podrá ni deberá de estar de acuerdo con las visiones e injerencias del Poder Ejecutivo y Legislativo en cuestiones y opiniones de justicia, ello solo le compete al –imperio de la ley–. Ese imperio jamás debe de acatar sumisión a ocurrencias e indignidades de poderes que quieran menguar ese –imperio de la ley–.
Se quiera o no, nuestro Poder Judicial Federal, cumple con una función jurídica creadora al aplicar e interpretar el derecho, aunque no sea en el sentido que el Ejecutivo y Legislativo pretenden.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no ofrece dudas al respecto. Las togas de justicia únicamente se encuentran ligadas al Estado por una obvia relación de servicio, irreconciliable con un sometimiento que sea ajeno al –imperio de la ley–.
Dado lo antepuesto resulta indignante y reprobable que a nuestros jueces el Poder Ejecutivo pretenda enturbiar, con sus opiniones su sentido de justicia, que no puede ser diverso, que el de aplicar o interpretar el ordenamiento jurídico a favor siempre de la justicia, la cuál es inherente a la dignidad de México.
Ojalá ello así lo entienda algún día nuestro señor Presidente de la República.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
