Un grave problema que no solo reviste importancia suprema, sino también trascendencia jurídica-política, por cuanto que su solución puede influir notablemente en el destino de nuestro México, es el relativo a la distinción entre la impunidad que se le ha venido brindando a la narco delincuencia política y la aplicación irrestricta de nuestra Carta Magna y sus leyes secundarias para combatirla. La impunidad de referencia, fue dada de manera específica en las épocas del neoliberalismo y de Andrés Manuel López Obrador.
Al abordar el análisis del tema de referencia, hemos dicho con anterioridad que, respecto a él existió y se involucró la corrupción en el entorno de procuración e impartición de justicia, ensuciando con ello a las instituciones encargadas de procurarla e impartirla.
Fue durante el neoliberalismo que se requería el rigor de una investigación por parte de la Procuraduría General de la República, con el apoyo del Código Penal Federal, para conseguir con ello el esclarecimiento de los hilos básicos de la trama de aquella incipiente narco-política; fuimos muchos los que pensamos que con honestidad, valentía y conocimientos se iba a terminar la impunidad de aquél narco-político que mal dirigió los destinos de la justicia desde los adentros de los aparatos del Estado.
Bien pronto esos pensamientos resultaron ser solo una ingenuidad. Bastó que un nada viril abogado de la Nación propusiera ordenar que esa investigación no se realizara a efecto de no llegar al fondo de la trama, lamentablemente con esa manera de actuar se derivó un diverso destino para nuestra Nación; hoy cabe recordar que aquel ministril de justicia argumentó razones y seguridades de Estado, para no indagar y con ello proteger a un delincuente dando inicio al rompimiento de nuestro Estado de Derecho.
Pese aquella lucidez y combatividad de la abogacía independiente de la República, pese aquel clamor de justicia contenido en los hechos denunciados y con los argumentos expresados y que en su momento se hicieron valer en contra de los cotos institucionales opuestos a una sana investigación, pese a que con esa denuncia se jugaba el prestigio democrático de la ley; el Estado Mexicano por conducto de la Procuraduría General de la República, optó por encubrir a la narco-política.
Desde aquél entonces el neoliberalismo y la Cuarta Transformación de la Nación han defendido “su derecho” en los desagües y alcantarillas de nuestro México, en el hoy, se sigue privilegiando lamentablemente esa defensa en favor de un estado de desecho.
Pronto nació con ello una gobernanza que rechaza los requerimientos de la justicia para actuar conforme a los cánones exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuevamente y en el hoy, el Estado desconoce los principios de legalidad a efecto de prestar la colaboración requerida por la justicia para que se investigue y sancione a aquél narco-político que contribuyó a implementar la corrupción en el medio de procuración e impartición de justicia.
En concepto generalizado de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México en el ámbito de justicia se vive rodeado de inmundicia y no se ve llegada a un verdadero Estado de Derecho no obstante esa corrupción, se sigue conservando la esperanza de que la actual primer Magistrada de la Nación se decida a combatirla.
Es cuánto.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz
Presidente de la Academia de Derecho Penal
del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..
