Como parte de las modificaciones aprobadas en el Senado de la República el pasado 28 de abril, con 66 votos a favor los legisladores de Morena y sus aliados aprobaron reformas a cuatro leyes para, entre otras cosas, acotar la minería en México, reducir los tiempos de las concesiones mineras y facilitar la cancelación de los permisos.
Las normatividades que fueron modificadas fueron la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Entre los cambios más significativos, se encuentran que el gobierno solo otorgue concesiones de minas mediante un concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de facilitar la revocación de la licencia por daños al medio ambiente.
Además, mientras que la ley anterior otorgaba las concesiones mineras por 50 años con derecho a prórroga, la nueva legislación reduce a 30 años la duración de los permisos, con solo una prórroga de 25 años, tras la que las empresas deben volver a concursar para obtener los respectivos permisos.
Las modificaciones aprobadas prohíben también la explotación de minerales o sustancias y la disposición final de los residuos mineros en áreas naturales protegidas, humedales, cauces y zonas federales de aguas nacionales, obras y trabajos de exploración.
Sin embargo, pese a que los legisladores de Morena impulsaron consultas a pueblos originarios para que sean ellos quienes ponderen los beneficios de la instalación de proyectos en el país, la Secretaría de Economía mantiene parada una consulta que debe realizarse en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.
En la zona se realizan trabajos de Minera Gorrión desde hace más de dos décadas, sin embargo en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a dejar los títulos de concesión de la empresa como “insubsistentes” en tanto la Secretaría de Economía realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades sobre el proyecto minero.
Sin embargo, la dependencia federal ha puesto un freno al mandato de la Corte y por consiguiente a la realización de la consulta, pese a que pobladores del ejido de Santa María Zotoltepec aseguran que la mina ha traído beneficios a la zona y lamentan que el ejercicio aún no haya sido realizado.
“Necesitamos que se nos considere, se haga la consulta indígena. Nosotros tenemos el derecho de ser escuchados porque en nuestra casa, en nuestro pueblo, tenemos este proyecto y solo nosotros debemos de decidir qué es lo que necesitamos o que es lo que queremos para que este proyecto siga”, señaló Margarita García Herrera, habitante de la comunidad.
“Creo que esa respuesta que dan (las autoridades), pues está pasando sobre los derechos de todas las personas a decidir si queremos o no queremos la mina, si valoramos cuales pueden ser los beneficios o los prejuicios, porque también como personas que vivimos en esta comunidad que es la más cercana al proyecto debemos valorar las dos situaciones, ponerlas en una balanza y ahora si que tomar una decisión”, esgrimió Margarita Ramos, otra habitante de Santa María Zotoltepec.
