“La justicia no obedece las leyes de la política”. Entiéndalo bien Sr. Presidente: “La Justicia no se somete a las ordenes del gobierno”. Éstas palabras deberían de estar gravadas en letras de oro y sobre mármol de carrara, ahí, precisamente ahí donde fueron pronunciadas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En un acto que lo honra y honra a la justicia, el señor Juez Segundo de Distrito en aquél entonces, Don Raúl Jiménez O’farril, pronunció dichas frases con voz pausada, pero con tono viril, increpando y censurando con ellas a quién en ese momento fungía como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Guzmán Neira.
Debo penetrar ahora en los hechos que dieron génesis a que ese dignísimo juez de distrito las pronunciara, no omitiendo señalar que fueron testigos presenciales de ello dos juristas de alta valía que se encontraban presentes en dicho recinto y en ese preciso momento por diversas circunstancias profesionales; los señores Lics. Arturo Candler, en aquél entonces Agente del Ministerio Público Federal, adscrito al Juzgado Primero de Distrito, cuyo Juez lo era el Sr. Lic. Eduardo Ferrer Mac Gregor, así como el Licenciado y Mayor del Ejercito Mexicano Jesús Martínez Villicaña, también Agente del Ministerio Público pero del Fuero Castrense, quién se encontraba adscrito a la Procuraduría de Justicia Militar.
He aquí la historia de ello.
Debo decir en primer término, que México atravesaba y se encontraba inmerso, como en la actualidad, en un mundo de zozobras y de marcadas angustias y se debatía entre la subversión de los valores derivados de la política y la idealidad de los valores de la justicia, que debe ser estandarte y bandera de la actual generación de abogados, sean estos, catedráticos, litigantes, agentes del ministerio público, jueces, magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Recientes y trágicos acontecimientos acaecidos en esa época, pretendían crear divisionismo en la vida democrática e institucional de la Nación. México se encontraba convulsionado por la telúrica fuerza y el impacto social derivado del movimiento estudiantil en el año de 1968.
Aunque sea de manera fugaz y en apretada síntesis, por razones de espacio, trataré de estructurar ese paisaje en homenaje al Sr. Raúl Jiménez O’farril y las palabras por él pronunciadas en el augusto recinto sede de nuestro máximo Tribunal de Justicia, para que conjuntamente con mis amables lectores, nazca el deseo de que se vuelvan a escuchar en el señalado recinto.
La situación en aquél entonces se había agudizado debido substancialmente, a la proximidad de futuras elecciones. La pasión política se encontraba al rojo vivo, porque ciertas ideas en aquella época se planteaban bajo los puentes de la justicia, pretendiéndola enmarcar con la mascara de un movimiento estudiantil, que había logrado crear un encono entre gobernantes y gobernados.
Encono que tendría que resolver la justicia.
No deseo y esto quiero subrayarlo, tomar ninguna actitud que no se encuentre apegada a la veracidad de esas palabras, que como eco, en la actualidad deberían cimbrar la estructura del edificio que alberga a nuestro Supremo Tribunal de Justicia. Sólo me anima un profundo y definido interés, de dar lustre a lo expresado por ese H. Juez de Distrito, a efecto de crear conciencia de lo que significa para la justicia la independencia de criterio, defendida con virilidad por un funcionario de honor.
El Sr. Lic. Alfonso Guzmán Neira, en afán permanente de pretender ser servil, ante el Presidente de la República en turno, no en una, sino en varias ocasiones, ordenó citar en sus oficinas al Sr. Juez Segundo de Distrito, Raúl Jiménez O’farril. En una de ellas, y así me lo relataron los testigos de ello, el Sr. Presidente de la Suprema Corte de Justicia descendía por las escaleras de ese magno edificio y entre las estatuas erigidas en honor de los padres del juicio de amparo se topó de frente con el juez de decoro que llegaba puntual a una de esas citas.
Era una época de oprobio para la justicia, el Presidente de la Corte instruía sin pudor a ciertos jueces y magistrados ordenándoles cómo resolver determinadas cuestiones de justicia. El dignísimo Juez Jiménez O’farril siempre se opuso a ellas y no en una, sino en varias ocasiones.
Retomando la ilación del tema, relato ahora cuando la dignidad de la justicia, representada por ese juzgador de antaño, le aventó al Ministro Guzmán Neira su credencial de juez en la cara, al pie de la escalinata de referencia, Guzmán Neira en aquella ocasión dialogó con Jiménez O’farril, el departo se efectúo en voz baja, pero la reacción del juez en esa plática, no resultó igual. Con tono viril elevó su voz y expuso: ““La justicia no obedece las leyes de la política”. Entiéndalo bien Sr. Presidente: “La Justicia no se somete a las ordenes del gobierno”; en congruencia con dichas palabras, dentro de su ropa sacó su credencial que lo acreditaba como Juez de Distrito y, ante los testigos en comento se la arrojo a la cara al mismo Presidente del máximo Tribunal de Justicia. Cabe recordar que la dignidad de esa toga jamás se inclinó, ni fue sumisa a ordenes giradas en contra de constancias procesales.
Actualicemos el mérito de Jiménez O’farril. El Poder Judicial Federal, en el hoy, necesita como instrumento fundamental la independencia de criterio que garantice su imparcialidad en el cometido constitucional de impartir justicia y es precisamente aquí donde surgen los mayores conflictos: cuando el control de la justicia se pretende ejercer o bien, por ordenes de otro poder en lo general o en lo particular al tratar de imponer criterios inadecuados a servidores públicos de menor jerarquía, supuesto en el cuál éste, en vez de facilitar los medios necesarios para proveer justicia, se ponen obstáculos pretendiendo manipularla, aspirando con ello, a obtener juicios sociales favorables que sean utilizables políticamente a fin de obtener votos.
Juzguen mis queridos lectores la calidad de jueces de un pasado inmediato. ¿Habrá en la actualidad uno igual, como el irrepetible Jiménez O’farril?.
Lic. Alberto Woolrich Ortiz.
Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
