Nuestros libros de derecho penal ponen muy especial énfasis en la independencia. La proclama con mucha firmeza y hace de ella la clave de la existencia de absolutamente toda la regulación del Poder Judicial. Exige de nuestros impartidores de justicia una responsabilidad al emitir sus decisiones y por sobre todo un gran sometimiento exclusivo a la Constitución Política y las Leyes Secundarias que de ella emanan; mandatos que están al servicio de la independencia judicial, impidiendo con esto la injerencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en cuestión de justicia.
Sería de desear que los señores diputados y senadores de la República Mexicana, fueran plenamente ilustrados a fin de crear congruencia en ellos de hacerlos ver la vital necesidad de que nuestros jueces, para ser independientes en la realidad jurídica, no tuviesen superiores ni políticos ni jerárquicos. Lamentablemente nuestro Poder Legislativo no entiende de ello, ni lo entenderá, ni lo comprenderá.
Es indispensable que en México, nuestros jueces, sean independientes, o en lugar de impartir justicia, van a emitir injusticias. O la justicia es independiente de Andrés Manuel López Obrador, de diputados y senadores, de la narcopolítica, de la corrupción, de la ignorancia, o no es justicia. En México sino contamos con una efectiva, concreta y eficaz garantía de su independencia, el Poder Judicial se reduce a la nada o se convierte, fatal y necesariamente, en un instrumento de represión. Porque ser un impartidor de justicia dependiente de alguien lo puede convertir irremediablemente en cómplice de la narcopolítica, de la arbitrariedad, de la injusticia, de las ocurrencias de otras autoridades, de la infamia, de la corrupción.
Nuestro Pacto Federal hace de la independencia una condición indispensable de la justicia. El rasgo más valioso e importante de aquellos órganos jurisdiccionales que pugnan por hacer efectiva su independencia, es el juzgar sin injerencia alguna, sin actitudes o condiciones ajenas al -imperio de la ley- o contraria a las exigencias de imparcialidad, objetividad y gratuidad.
La independencia, entendida ella, desde un punto de vista eminentemente jurídico, deber ser externa e interna. La primera obstaculiza, impide o niega cualquier injerencia del poder ejecutivo, del poder de la corrupción, del poder de la narcopolítica, del poder de la ignorancia en la aplicación de la ley, del poder de la política, con ella nuestros jueces se liberan de la sumisión de las ordenes vertidas por aquellos que se consideran, estiman o creen encontrarse por encima de las leyes.
Nuestros juzgadores, están obligados a ser sumisos únicamente ante la ley. La expresión -sometidos exclusivamente al imperio de la ley- tiene una razón de ser: Los impartidores de justicia deben y tienen que ser independientes de los demás poderes del Estado, sean estas de facto o de iure, pero jamás deben de ser independientes de la soberanía popular. Aquí es donde reside su legitimidad democrática en el sometimiento a la ley.
En ésta Cuarta Transformación de la República, a pocas semanas de las elecciones intermedias, la independencia va a ser sin duda alguna una de las grandes batallas político-jurídica a vencer. Andrés Manuel López Obrador, debe evitar a toda costa la inmunidad y la impunidad de la delincuencia del poder, de la narcopolítica, de la corrupción, pues con ello sólo se debilita a la justicia. Sólo así México tendrá justicia.
Lic. Alberto Woolrich Ortíz.
Presidente de la Academia de Derecho
Penal del Colegio de Abogados de México, A.C..
