El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 13 mil 205 millones de pesos para la organización de la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025, pese a la incertidumbre que rodea esta reforma judicial, cuya constitucionalidad será evaluada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los próximos días.
La decisión del Consejo General del INE se basa en la obligación de prever recursos suficientes para un proceso electoral extraordinario, aunque el fallo de la SCJN podría modificar el panorama.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió el presupuesto argumentando que “cada cifra solicitada tiene un sustento documental” y que el organismo tiene la responsabilidad constitucional de prever recursos para proteger los derechos políticos de los ciudadanos. Según el INE, el presupuesto incluye la impresión de 600 millones de boletas y la compra de materiales electorales, entre otros gastos esenciales para la organización de la votación.
El presupuesto aprobado contempla 6 mil 830 millones de pesos para contratar y capacitar a funcionarios electorales, dado que el proceso electoral ordenado por la reforma judicial requiere personal calificado para garantizar su desarrollo. Otros recursos estarán destinados a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con un monto de 4 mil 522 millones de pesos, y a la Dirección Ejecutiva de Administración, que recibirá poco más de mil 124 millones de pesos.
No obstante, la aprobación no ha sido bien recibida por todos. La presidenta Claudia Sheinbaum sugirió que el INE reconsiderara el presupuesto, y algunos representantes de la oposición señalaron que el costo es excesivo. Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, cuestionó el gasto, afirmando que “con el presupuesto destinado a esta elección, se podrían construir 17 hospitales o 22 mil viviendas”. Víctor Hugo Sondón, representante del PAN, también pidió que el INE actúe con responsabilidad y se apegue a lo que la SCJN determine en su fallo.
La consejera Claudia Zavala explicó que el presupuesto aprobado es precautorio y que el INE está dispuesto a ajustarlo si la SCJN modifica la reforma. Por su parte, la consejera Carla Humphrey destacó que el INE tiene la responsabilidad de prever estos recursos para cumplir con el mandato constitucional que le corresponde, independientemente de las decisiones judiciales pendientes.
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