Joel Hernández Santiago
Al INE le pasa lo del cohetero: “si truena el cohete, le chiflan; si no truena, le chiflan”. Ese es su destino. Pero es sabido que en toda contienda en la que se enfrentan diversos jugadores, intereses, ambiciones, propuestas, soluciones…, debe existir quien se encargue de cuidar que las reglas establecidas por todos ellos se cumplan porque son ley.
Por estos días al Instituto Nacional Electoral le ha caído el chubasco de críticas inducidas. Esto por sus resoluciones, que tienen que ver con la cancelación de registro de 48 candidatos a puestos de elección popular, federal o local.
Esta resolución fue para candidatos de Morena y uno más: Félix Salgado Macedonio, aspirante a gobernar el estado de Guerrero, con Morena como su impulsor y benefactor partidario: A todos por no presentar su informe de gastos de precampaña en tiempo y forma, según establece la ley, y cuyo incumplimiento lo marca ella misma: la pérdida del registro. Es ley y, como se decía hasta hace poco: “Nada ni nadie por encima de la ley”.
El INE monitorea los gastos de los precandidatos y tiene sus cifras, aunque se entiende que debe contrastarlas con lo que informan los mismos precandidatos de partido. Y si éstos no presentaron este informe es muy probable que no lo hicieron porque, o rebasaron los límites del gasto establecido, como también porque pudieron tener fuentes de apoyo de distinto origen, en perjuicio de otros aspirantes de otros institutos políticos. Y eso es lo que no se vale.
Para muchos fue una sorpresa esta resolución del INE el 25 de marzo, por 7 votos a favor y 4 en contra en sesión del Consejo General, toda vez que al guerrerense lo ha apoyado bajo toda circunstancia su partido político, el que tuvo que hacer ‘circo-maroma-teatro’ para imponerlo por encima de otros aspirantes del mismo instituto político; como también porque Salgado es beneficiario de los apoyos presidenciales ‘a raja tabla’.
Pero esta resolución no le gustó al presidente de México ni a Mario Delgado, presidente de Morena y de inmediato acusaron al INE de todo, antes que aceptar que se había cometido una salida de la regla y que la resolución tiene fundamentos en lo que los mismos partidos políticos establecieron para su convivencia democrática, justa y transparente: es ley.
Costó muchos años y mucho esfuerzo configurar la figura del árbitro electoral. Lo primero era quitarle de las manos a la Secretaría de Gobernación su operación. Así fue. Y de ahí en adelante ya como Consejo Ciudadano o como Instituto Federal ha crecido de forma estratosférica.
Y ahí quizá uno de sus grandes defectos: primero, porque nació con el objetivo de consolidar la democracia en México, fortalecer el sistema de partidos, fortalecer la participación ciudadana y la cultura política de nuestro país, y más. Si. Y Bien. Pero todo esto ha producido a un gigante al mismo tiempo complejo como oneroso para todos en México.
Sus presupuestos anuales oscilan en los 20 mil millones de pesos, lo que hace a nuestra democracia una de las más costosas del mundo.
Pero aun así hay reglas de origen. La primera de ellas y más valiosa es la de la autonomía del INE. Invaluable autonomía porque garantiza independencia de criterio y libertad de acción, dentro de la ley. Garantiza que los ciudadanos tengamos quien cuida nuestros derechos y privilegios democráticos, para los que hay reglas establecidas y que se tienen que cumplir porque son ciertas y obedecen a la sana y democrática contienda electoral.
Pero resulta que aplicar la ley resulta para el presidente de México, como para su partido político y para los miles-miles-miles de apoyadores gratuitos o pagados en redes sociales e infiltrados en distintos medios de información, que lo resuelto por el INE “una afrenta a la democracia” y un “abuso, que rebasa a sus atribuciones, que está intentando socavar la fortaleza del partido en el gobierno, que tiene intereses mezquinos, y que es el “Supremo Poder Conservador.”
[Según el doctor José Fernández Santillán, esta figura del Supremo Poder Conservador “se formó el 16/12/1835, contra los deseos de Santa Anna, para que en el Congreso Constituyente se respetara el artículo 171 y, en consecuencia, no pudiese ser cambiada la forma de gobierno republicana. López Obrador, sin querer, le dio la razón al INE: de lo que se trata es defender la democracia frente a sus embates tiránicos”]
Pero la confrontación entre el presidente y al INE arrecia. Una discrepancia que viene de lejos. Desde la llegada al gobierno de AMLO y en base a distintos criterios y momentos. Anular el poder del INE y su autonomía parece ser la meta. Y por estos días esto se arrecia aún más. Y tiene aliados para ello, ya los mismos Morenistas, como su gabinete y sus legisladores, gobiernos estatales o municipales del mismo color, directivos de televisoras y banqueros beneficiarios: todos contra uno.
El INE tiene una obligación con los mexicanos, no con el gobierno. El INE tiene una obligación con la democracia y su consolidación, no con el gobierno, cualquiera que sea su color e intención. El INE merece que se le pulan las aristas que empañan su tarea para hacerlo respetar y que haga respetar la ley. ¿Es mucho pedir?
Más tarde: ¿Hará respetar la ley el muy consecuente Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)? ¿Será? Ya veremos. Su prestigio y el de sus integrantes están en sus propias manos, y en su inteligencia, sabiduría y justicia. ¿Será? ¿Deveras? Ojalá. Veremos, aunque…
