INE rechaza por tercera vez reglas para fiscalizar actividades previas a las precampañas de 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó por tercera ocasión regular y fiscalizar las llamadas “pre-precampañas” rumbo a las elecciones de 2027, por lo que continúa pendiente un mecanismo específico para revisar los recursos utilizados en esas actividades.

Durante la sesión del Consejo General, el proyecto presentado por Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey no alcanzó la mayoría necesaria. Siete integrantes votaron en contra: la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, así como Jorge Montaño, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Frida Gómez Puga, Blanca Cruz y Arturo Chávez.

A favor de los lineamientos votaron los tres consejeros proponentes y Rita Bell López. El nuevo rechazo mantiene sin definición las reglas para fiscalizar actividades partidistas realizadas antes del inicio legal de las precampañas.

Castillo sostuvo que el instituto debe contar con disposiciones para revisar oportunamente los gastos de recorridos territoriales, eventos públicos, encuestas, traslados, propaganda y contenidos difundidos en plataformas digitales por partidos y figuras políticas.

El consejero señaló que el proceso electoral 2026-2027 comenzó formalmente el 10 de septiembre, pero el INE aún no establece procedimientos para determinar si los gastos de esas actividades cumplen con la legislación vigente. También advirtió que la falta de reglas puede afectar la equidad de la contienda.

De acuerdo con Castillo, los gastos efectuados durante los procesos internos serían registrados en la contabilidad ordinaria de los partidos, cuyos resultados de fiscalización se conocerían hasta el segundo semestre de 2027. Esto podría ocurrir, según explicó, cuando la elección ya hubiera terminado y no fuera posible incorporar oportunamente determinados gastos a los topes de precampaña o campaña.

El consejero aclaró que la propuesta no implicaba considerar ilegales todos los gastos partidistas ni afirmar que las actividades actuales fueran automáticamente actos anticipados de campaña. Su objetivo, señaló, era identificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos, además de verificar el cumplimiento de la normativa electoral.

Norma de la Cruz consideró, en contraste, que el proyecto contenía contradicciones y pretendía regular conductas que ya pueden atenderse mediante el procedimiento especial sancionador. También cuestionó disposiciones sobre la fiscalización de propaganda, publicaciones en redes sociales y participación de personas servidoras públicas en actividades políticas.

La discusión incluyó señalamientos entre representantes partidistas y la dirección del organismo por presuntas omisiones y falta de imparcialidad. Los partidos mantienen sus procesos internos rumbo a la renovación de cargos de elección popular en 2027.