Investigan a Pedro Castillo por mantener reuniones fuera del Palacio Presidencial para presuntos beneficios en adjudicaciones

Perú.- La Procuraduría General del Estado y la Contraloría abrieron investigaciones en contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, por reuniones que tuvo fuera del Palacio Presidencial para, presuntamente, acordar beneficios en las contrataciones públicas.

Esta polémica se dio a conocer luego de que el programa televisivo Cuarto Poder mostrara que el mandatario sostuvo encuentros con ministros, congresistas y empresarios fuera de los registros oficiales, en una vivienda del distrito de Breña, departamento de Lima.

Según el reporte, entre los invitados habría estado la empresaria Karelim López Arredondo, asesora de una de las compañías que se adjudicó la construcción del Puente Tarata III. También se destacó la presencia de un vehículo ligado a la empresa Brunner SAC, “cuyo gerente general es More Llens Brunner Ruiz, quien tiene dos contratos millonarios con el Estado”.

#CuartoPoder La camioneta de placa D3Z 583 apareció en Sarratea. El vehículo está a nombre de Brunner SAC, cuyo gerente general es More Llens Brunner Ruiz, quien tiene dos contratos millonarios con el Estado pic.twitter.com/jyOVuZEwTT

— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) November 29, 2021

Tras esta información, el lunes la Contraloría anunció el inicio de una indagación sobre la unidad ejecutora Provías Descentralizado, a cargo de la infraestructura vial, y dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En concreto, van a revisar las licitaciones otorgadas.

El organismo sostuvo que las normas peruanas determinan que los presidentes informen el detalle de sus reuniones o gestiones en el marco de su mandato. “El incumplimiento de estas obligaciones afecta la integridad, la credibilidad, la institucionalidad y es pasible de responsabilidades por los órganos sancionadores competentes”, remarcó.

Por su parte, la Procuraduría pidió información al secretario del despacho presidencial sobre estos encuentros, y “que indique si en dichas reuniones se ha realizado un debido control de los asistentes“. Para ello, el procurador se basó en “la ley que regula la gestión de intereses de la administración pública”.

A su vez, la Defensoría del Pueblo y dirigentes detractores a Castillo ya le solicitaron al Ministerio Público que inicie una investigación propia.

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AM.MX/kgr

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